Los ayuntamientos quebrados

Son muchos los pueblos que están en una situación económica inviable, que hace imposible que desarrollen las competencias que la legislación les obliga. La culpa de haber llegado a esta situación, es fundamentalmente de los gobernantes que los han dirigido. Gobernantes que llegaron a sus puestos, en muchas ocasiones, con amplios apoyos populares; y revalidados elección tras elección. Por tanto, es complicado exonerar de parte de culpa a sus vecinos. También ha habido otros coadyuvantes que han facilitado esta situación, como pudieran ser las comunidades autonómicas que financiaron proyectos sin memorias económicas, que analizasen la viabilidad financiera; los organismos encargados de fiscalizar las cuentas, que son demasiado lentos y poco exhaustivos; los distintos gobiernos centrales que nunca afrontaron la cuestión de la financiación municipal; algunos medios de comunicación que rieron las gracias que luego criticaron; o las oposiciones inoperantes (aunque en muchas ocasiones es complicada esta tarea ante la opacidad informativa que se practica en muchos ayuntamientos). Todos estos colaboradores necesarios no pueden, sin embargo, atenuar la culpa de los principales responsables: los equipos de gobierno.

Una vez llegados a la actual situación de quiebra no vale sólo con escandalizarse, con denunciar con saña lo que antes se aplaudía. Muchos de los que ahora se arremolinan para gritar «chorizo» al político caído en desgracia, son con frecuencia los mismos que les votaron acríticamente una y otra vez, o que les reían las gracias en los baños de masas, ¡cómo no recordar a ese alcalde que prometía la playa en tierra adentro entre un mar de risas! Muchos medios de comunicación que ahora ridiculizan los excesos, no tenían tanta clarividencia hace unos años; lo que ahora se ve como despilfarro, tal vez no hace mucho se veía como buenas inversiones que traerían el progreso. ¿Alguien recuerda artículos críticos con las radiales de Madrid antes del desplome? Otros gobernantes, con un mayor sentido del deber y de la buena administración fueron, tal vez criticados por pacatos en el gasto o en la inversión, seguro que comparándoles con los pueblos vecinos en donde crecían las infraestructuras como hongos. A estos alcaldes, ni entonces ni ahora, nadie les agradecerá su templanza.

Una vez analizadas las causas del agujero económico, de criticar las decisiones erróneas, de iniciar los procedimientos judiciales que sean pertinentes; hay que dar una solución a los ayuntamientos arruinados. No por más tiempo se debe prorrogar la situación de los municipios quebrados, que se ven imposibilitados de desempeñar sus obligaciones competenciales. La solución no puede venir por la asunción del Estado de las deudas generadas y después borrón y cuenta nueva. Eso supondría una tremenda injusticia en relación con los ayuntamientos que han sido bien gestionados. Además, se estaría potenciando eso que los economistas llaman «riesgo moral», que es cuando se asumen decisiones muy arriesgadas cuando se sabe que las posibles consecuencias negativas no serán asumidas por quien las toma, sino por terceros. Si esto ocurriera además de santificar la injusticia, estaríamos promoviendo a políticos irresponsables.

Sin duda el Estado tendrá que intervenir para que estos ayuntamientos puedan dar los servicios mínimos a los que están obligados, no se puede tener un sentido de la justicia tan vengativo como para dejar que muchas personas queden sin sus servicios básicos; pues sería como aceptar la muerte administrativa de estos municipios. Pero la actuación «salvadora» del Estado no puede ser sin coste. Es posible que haya que crear un plan de viabilidad para los ayuntamientos arruinados, pero este debe contemplar fuertes contrapartidas; que en muchos casos pasarán por la inevitable subida de impuestos y tasas, por un recorte drástico de gastos suntuarios, desgraciadamente por la reducción de plantillas infladas; y por la devolución parcial de la cantidad que se les preste, intentando que sea en las mejores condiciones financieras posibles. Será inevitable que los vecinos perciban las consecuencias de una mala elección: votar a gobernantes equivocados, desgraciadamente no podrá ser de otra manera.

Hay que ser conscientes que una intervención del gobierno central es complicada, ya que el Estado debe reducir su déficit para cumplir con Europa, pero no se puede seguir cerrando los ojos a la realidad de los municipios inviables. Hay ayuntamientos con deudas muy superiores a sus presupuestos, lo que hace que sea imposible una salida por sus propios medios. Tal vez, lo primero que haya que hacer será cuantificar cuál es la deuda real de estos ayuntamientos para empezar a buscar las posibles soluciones; sin duda complicadas, pero imprescindibles.

Benevolencia, justicia y responsabilidad deberán ser los ejes que guíen la recuperación de los ayuntamientos quebrados.

El PRISMA, un auténtico despropósito

El Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) es la principal fuente de inversión de los municipios para realizar infraestructuras, son varios los que se han realizado, siendo el vigente el que ha reunido todos los despropósitos posibles. Todas las administraciones hemos sufrido el mordisco de la crisis, de todos es conocido la falta de liquidez de las instituciones, pero la gestión de este programa excede de toda comprensión. El PRISMA actual es el que se debería haber ejecutado entre los años 2008 y 2011; ya estamos en 2016 y está previsto prorrogarlo hasta septiembre de este año. Es decir habrán pasado casi cinco años del límite establecido para finiquitar el programa. Y viendo como ha funcionado hasta ahora, no sería nada descartable que hubiera nuevas prórrogas. Pero con parecer esto escandaloso, a mi entender no es lo peor, otras cuestiones han hecho de este Programa algo administrativamente intolerable.

Es la primera ocasión en que se ha quitado la gestión de las actuaciones a los ayuntamientos. En anteriores PRISMA las corporaciones aprobaban las actuaciones, realizaban las concesiones y controlaban las obras en un tiempo razonable y con un resultado más que satisfactorio. Una vez terminada la actuación estaban obligados a justificar, ante la Comunidad, los gastos realizados. Un sistema de éxito, que se cambia para pasar toda la gestión a a la Comunidad, en el que a través de su empresa pública ARPEGIO, administra todas las intervenciones. La razón era la búsqueda de una presunta eficiencia que se ha demostrado falaz. No sólo no se ha conseguido lo que se pretendía, sino que esta empresa se ha visto envuelta en casos de corrupción, que se encuentran investigando.

Otro mal endémico de estos planes es su opacidad, es imposible conocer los criterios con que se determina las cuantías que corresponde a cada pueblo; algo que en principio parece de toda lógica. Es imposible conocer el criterio por el que se van dando de alta actuaciones en los distintos pueblos; supongo porque sencillamente es inconfesable, aunque fácil de comprender. Sólo se puede entender en base a la afinidad política de los distintos gobiernos locales con respecto al responsable de de la gestión del PRISMA. Igualmente ha sido imposible, pese a las preguntas parlamentarias del PSOE-M, conocer cuántas han sido las altas aprobadas y el grado de realización de las mismas, algo que es bien sencillo, y que debería ser una información que se debería rendir de oficio; pues no, obscuridad total.

Pero cuando creíamos que en este PRISMA ya se habían visto todas las anomalías posibles, se ha cometido con el decreto de terminación y liquidación del mismo, el mayor atropello posible. En primer lugar hay pueblos que se quedan sin su financiación por no haber aprobado las actuaciones antes del 30 de diciembre de 2015. Puede que en algunos municipios, el no haber aprobado las actuaciones, sea achacable al mal funcionamiento de sus equipos de gobierno; pero en la mayoría de los casos, la razón es la falta de información y asesoramiento, lo cual no deja de ser un atropello. Debería la Dirección General de la Administración Local haber asesorado convenientemente a los municipios que estaban teniendo dificultades para la aprobación de sus inversiones; ya que no son muchas las fuentes de financiación de los ayuntamientos para éstas, y el castigo que sufren los vecinos es excesivo, por torpes que sean sus políticos. Pero lo peor no es esta exclusión, sino lo que va a ocurrir con los remanentes, que no volverán a los municipios. El remanente es la diferencia entre la cantidad inicial aprobada en una licitación y la cantidad con la que finalmente se adjudica. Estas diferencias suelen ser bastante importantes, debido a que durante estos años las empresas han ido a la baja en los concursos públicos.

Lo grave es que no todos los ayuntamientos se van a quedar sin los remanentes, sólo aquellos que todavía no tengan realizadas las inversiones. Es decir, que se castiga al perjudicado en un increíble y novedoso principio de justicia. Aquellos pueblos en que sus vecinos ya disfrutan de las inversiones, porque desde la Dirección General se haya decidido hacerlas antes que en otros pueblos, por pura discrecionalidad, además disfrutarán al 100% de sus remanentes; mientras aquellos municipios que todavía no tienen realizadas las actuaciones aprobadas, por ineptitud de la Comunidad (o por algo peor) encima se les castiga quitándoles sus remanentes. Remanentes que son derechos adquiridos de los vecinos, y que no se sabe porque principio administrativo eliminan. Injusticia sobre injusticia.

Lo peor es que ya se ha anunciado el nuevo PRISMA y parece que muchos de los defectos que hemos padecido se van a repetir, ya se han iniciado reuniones de alcaldes con los responsables de la Comunidad y ya se empieza a oír que habrá compensaciones (?). Verdaderamente se va a hacer insoportable que el nuevo programa de inversión no se haga con absoluta transparencia, aunque todo parece que va ir por el mismo camino. Tan sólo proponen cambiarle el nombre, ya que el estigma que arrastra el aún vigente parece que así lo aconseja. Cuando a algo que no funciona sólo se le cambia el nombre creyendo que con eso se aventa el mal, se está poniendo la primera piedra de un nuevo fracaso.

Discurso del mitin del 11 de diciembre de 2015

Hoy, en este acto, soy el único orador que representa la Administración Local: tenemos un diputado nacional como Simancas; una candidata a diputada nacional como es Zaida Cantera; y un diputado autonómico como Enrique Rico. Por tanto, me toca hablar de lo que lleva nuestro programa sobre municipalismo. Que nos afecta muy especialmente a las personas que vivimos en pueblos como éste en el que estamos.

La derogación de la Reforma de la Administración Local, en donde nos convierten en una Administración tutelada en contra del principio constitucional que defiende la autonomía local.

La clarificación de competencias, que debe ser una clarificación verdadera y efectiva, y no como hasta ahora que dicen que han solucionado este problema, pero hoy los ayuntamientos no sabemos si finalmente tenemos que presupuestar gastos en Servicios Sociales y Educación, competencias que con la reforma han pasado en exclusiva a las comunidades autónomas, pero que nuestra Comunidad dice que no quiere saber nada de eso que ha decretado un gobierno de su propio partido.

Y por supuesto una financiación suficiente que garantice que se puedan ejercer las competencias con dignidad. Una financiación clara y objetiva, que deberán administrar las corporaciones locales democráticamente elegidas, a las que deberán pedir cuentas los ciudadanos, sobre si han gestionado bien o mal. Porque en muchas ocasiones lo que hacemos los políticos de la Administración Local es poner la cara para que nos la partan en nombre de otros, que se encuentran en la administración autonómica. Por ejemplo, cuando nos obligan a poner unas tasas muy elevadas en las escuelas infantiles. ¿Ante quién os creéis que se quejan los padres? No hace falta que os responda.

Una financiación que no puede basarse, en gran medida, en un sistema de subvenciones, auténtico patio de Monipodio, donde el obscurantismo es la norma, donde la trampa el método de trabajo y la discrecionalidad en el reparto: ley. Que esto es así todos los sabemos, lo que nunca imaginé es que lo iban a reconocer públicamente, como así se hizo en este mismo escenario cuando en un mitin de las elecciones municipales un cargo de la Comunidad aconsejaba a los asistentes a que cambiasen el color del gobierno municipal, porque así llegarían las subvenciones, como ya pasaba en otros pueblos vecinos. Así se explica que en estos pueblos gobernados por el PP está ejecutado casi todo el PRISMA y en Torrelaguna sólo el 43%. Y encima ahora andan con dudas de qué van a hacer con lo pendiente. Ellos no sé nosotros exigir que nos paguen hasta el último euro. Porque sobre el castigo de no haber ejecutado en tiempo y forma el PPISMA, mientras otros pueblos disfrutan ya de las infraestructuras, ahora nos dan doble taza con la pretensión de querernos robar lo que es nuestro. Sé que desde la Asamblea no lo vais a permitir.

Para evitar cuestiones como éstas, no pedimos mayor justicia y equilibrio en el sistema de subvenciones, lo que pedimos es que se reduzca la financiación por vía de las subvenciones y se aumente la financiación directa. Nuestra aportación al programa fue la siguiente enmienda. Revisar el sistema de financiación municipal por vía de las subvenciones, buscando su limitación a cambio de aumentar la financiación directa. Las subvenciones impiden la planificación de proyectos plurianuales de los pequeños municipios. Además, dependen de la discrecionalidad, cuando no de las irregularidades, de los gobiernos autonómicos. En muchas ocasiones los esfuerzos realizados para montar un expediente de solicitud de subvención es excesivo en los pequeños municipios, para los resultados que se obtienen. Los municipios no deben entrar en concurrencia competitiva entre ellos, no son en ningún caso opositores.

Pero de todo esto ya me habéis oído hablar muchas veces y hoy me gustaría hablar de otras cuestiones más genéricas que lleva nuestro programa: como es el Estado de Bienestar, los derechos sociales y laborales, que han sufrido un deterioro importante desde que se inició la crisis.

Tenemos que luchar contra la ideología liberal, que desde los partidos de la derecha y desde casi todos los medios de comunicación están queriendo imponer como verdad absoluta. No como una opción de organizar la vida de los ciudadanos, lo cual entra dentro de la lógica, sino como verdad única, es eso que ahora se llama el pensamiento único. Y su frase favorita: no hay alternativa.

Son esas ideas liberales las que nos dicen que lo importante es el individuo frente a la sociedad. Que cada uno se las apañe como pueda, y que sólo el esfuerzo personal garantizará el progreso de los individuos. Yo voy a ser más magnánimo que ellos. No pienso que esto sea una mentira absoluta, creo que hay algo de aprovechable en esta teoría como es la parte del esfuerzo. Creo que debemos potenciar el esfuerzo personal, que es imprescindible para el progreso, ya que sólo una correcta productividad es la que garantizará el Estado de Bienestar. Pero sabiendo que el esfuerzo no garantiza en ningún caso el éxito personal en la vida. Y como somos muchos los que lo sabemos o lo padecemos; y por ello es imprescindible la sociedad, con todo el componente solidario que esta encierra.

Los avances sociales se pueden conseguir por dos vías, que no se contraponen, es más, se complementan. Uno es por actos que podríamos llamar heroicos como pudo suponer la denuncia de Zaida, en la que gracias a esa denuncia hoy nadie puede alegar desconocimiento del problema agresiones machistas en el Ejército. Son actos que exigen valor. Si siempre hace falta valor para denunciar agresiones machistas, en el Ejército se multiplica la necesidad de ese valor. Su acto, necesariamente, ayudará a solucionar este problema, facilitando la vida de las futuras soldados, aunque ahora no lo podamos apreciar.

Pero han sido muchos los hombres y mujeres que han destacado en la lucha por los derechos sociales y de los trabajadores. Como fueron los héroes de Chicago, en honor de los cuales hoy celebramos el primero de mayo. Cuya reivindicación de una jornada de ocho horas les costó la vida a algunos de ellos.

El otro camino que tenemos para progresar las clases trabajadoras es la solidaridad. Un principio que quieren que se pierda. Para ellos una sociedad fuerte, una clase trabajadora unida es un enemigo temible, y por eso preconizan sin descanso el divide y vencerás. Por eso desde la derecha se potencia tanto el individualismo. Nosotros los socialistas, defendemos el lema internacionalista de: trabajadores del mundo uníos.

Por eso desde hace más de 136 años, en España se fundó el PSOE para conducir esa solidaridad, esa unión, esa fuerza. Con la intención de que el partido se convirtiera en una herramienta imprescindible para transformar la sociedad, para conseguir una defensa efectiva de los trabajadores. Porque todos los derechos que se han conseguido, que no son pocos, no nos los han dado, los hemos arrancado.

El Estado de Bienestar no se logró por bondad de los poderosos, su fórmula para atender a los desprotegidos es la caridad, la nuestra, la de los socialdemócratas es la de un Estado de Bienestar basando en la justica social.

Ahora hay unos nuevos héroes sociales, que magnifica los medios liberales, como son los multimillonarios norteamericanos, que prometen donar a sus fundaciones sus fortunas mientras evaden impuestos en los países donde obtienen esas ganancias con es el caso de España. Ese no es nuestro modelo, nosotros queremos redistribuir la riqueza mediante el Estado de Bienestar y no mediante fundaciones.

Estado de Bienestar que en gran medida es el que se ha implantado en España siempre que hemos tenido responsabilidad de gobierno. Estado del Bienestar que en nuestro programa nos comprometemos a renovar, solucionando los destrozos causados por los severos recortes que ha sufrido en estos años, especialmente en algo que debería estar prohibido como es Educación y Sanidad.

Estado de Bienestar que debemos ser nosotros, los que creemos en él, los que debemos vigilar su correcto funcionamiento. Debemos ser nosotros los primeros en denunciar a los estafadores, ya que los pequeños fraudes que se producen, son un pivote importante donde se anclan los políticos y medios de derechas para justificar el desmantelamiento del sistema de bienestar.

Se regodean y amplifican cada vez que se descubre un pequeño fraude, sin embargo son incapaces de ver los fraudes millonarios que las empresas se sus amigos cometen, cuando se les dan para que gestionen servicios públicos, como con las externalizaciones de la Sanidad, que son incapaces de gestionarlos eficientemente, y que siempre tiene que ir la Administración Pública a su rescate. Y os aseguro que nunca oiremos que haya que desmantelar este tipo de empresas, más bien al contrario.

Valor y solidaridad son dos principios básicos para la defensa de los derechos, añadamos a estos dos principios uno más: inteligencia. Que es la que nos tiene que llevar a votar el próximo día 20 de diciembre al partido que mejor ha sabido defender los derechos de todos, y que por supuesto mejor sabrá defenderlos en un futuro. Seamos inteligentes y hagámonos un favor votando en las próximas elecciones al PSOE.

 El Socialismo frente al problema catalán

El nacionalismo es una ideología con altos componentes de irracionalidad e insolidaridad. Es difícil hoy aceptar que alguien es mejor que otro o, en el mejor de los casos, distinto, por haber nacido en un determinado espacio. Cuando no hace falta explicar que el lugar de nacimiento no lo elige nadie, es un puro albur; y experimentar orgullo sobre algo en el que no se ha puesto el más mínimo esfuerzo parece excesivo, cuando no ridículo. Incrementan la irracionalidad los falsos argumentos históricos que todo nacionalismo siempre aporta para justificar su posición. Para creerse algunos hechos históricos tergiversados por la óptica nacionalista hace falta tener más fe que conocimiento.

La insolidaridad que encierran casi todos los nacionalismos “ricos” (Cataluña, País Vasco, Padania, etcétera) no se puede cuestionar. Desvestido de todas las alharacas con que suelen acompañar sus argumentos, lo que queda es una propuesta sencilla: no queremos compartir nuestra riqueza con las regiones más desfavorecidas del Estado. Si bien esto pudiera ser aceptable desde otros espectros ideológicos, desde el socialismo es sencillamente intolerable. En Cataluña, ni partidos de izquierda como Esquerra Republicana de Catalunya, se ocultan en reconocer este argumento de una manera descarnada, tal y como así lo declara Oriol Junqueras: “Si cada año no desapareciese de nuestro país un 8% de nuestro producto interior bruto, cada 10 años lo doblaríamos y cada 10 años seríamos el doble de ricos” (Borrell y LLorach. Las  Cuentas y los Cuentos de la independencia, Catarata 2015, pág. 22).

Es cierto que hay muchos tipos de nacionalismos, en unos priman más los componentes económicos, como son los que rigen en las regiones ricas que pretenden desligarse de las zonas depauperadas de su estado;  y en otros, más los componentes históricos, en donde tienen más importancia los supuestos agravios recibidos. Pero en cualquier caso, todos los nacionalismos son rechazables desde una visión socialista.

La posición del socialismo español con los nacionalismos periféricos es desde hace demasiado tiempo difusa, líquida, cambiante, y desafortunadamente -o no- diversa. Habría que conocer cuál es el origen de esa incomodidad de la izquierda ante los nacionalismos, cuando dos de sus principios rectores son: la igualdad y el internacionalismo. Sin ningún género de duda, una explicación es la irreflexiva reacción al concepto franquista de nación y de los nacionalismos periféricos, lo que ha sometido a parte de la izquierda a un complejo de culpabilidad, al que se debe enfrentar y descartar definitivamente. Todos los territorios sufrieron por igual la represión del Régimen, sin primas por zonas geográficas. Otra explicación, sólo válida para el principal partido de la izquierda española, el PSOE, es el excesivo miramiento que ha tenido con posiciones alejadas de sus postulados por cálculo electoral; especialmente en Cataluña. Donde el PSC siempre ha sido un granero de votos y de diputados nacionales. Dentro del PSC siempre han existido corrientes cuasi nacionalistas o abiertamente nacionalistas, que han condicionado demasiado la posición nacional (o federal) del partido. Hoy ese granero ha dejado de existir, pero la incidencia del PSC sobre la visión de España que hoy adopta el PSOE sigue siendo enorme e innegable.

Parece que la solución que propone el PSOE puede venir por implantar un federalismo asimétrico (en España uno de los primeros partidos que lo propuso fue la hoy extinta Convergencia Democrática de Navarra de Juan Cruz Alli) y conseguir que Cataluña se encuentre cómoda en una reformada Constitución. El concepto de comodidad en relación con la Constitución es tan nuevo y etéreo que es difícil de criticar. Cuando se concrete más esa “comodidad” será el momento de opinar. Desde una posición jacobina es complicado aceptar estas asimetrías y estos reconocimientos explícitos a determinados pueblos en la Constitución, porque en ese preciso instante se estarán creando agravios a otros. Todos los pueblos tienen particularidades, y reconocer unas y no otras será origen de futuros conflictos; con Andalucía está prácticamente asegurado.

La solución parce compleja, entre otras cuestiones porque la propuesta de reforma constitucional que hace el PSOE necesita la aprobación de dos tercios del Congreso para que prospere y en el futuro cercano no parece que se vaya a dar esa coyuntura. Pero independientemente de cuestiones técnicas cabría preguntarse si la propuesta que hacemos es progresista y racional. Parece complicado que esta solución cumpla con estos conceptos, pero muchos seriamos los que estaríamos dispuestos a renunciar a principios muy caros de nuestra concepción social (Eppur si mueve) por buscar una solución definitiva (nunca transitoria) del problema catalán.

Se podría argumentar que la asimetría está ya implantada en el Estado, desde el momento en que se aceptó el cupo navarro y vasco, teniendo como base el anacronismo de los fueros. Fueros que en el caso de Navarra, Franco los mantuvo como premio por la aportación carlista (la nacional-católica de antaño y no la abertzale de hogaño) en la Guerra Civil. Asimetría que existe desde el momento que hay autonomías de dos velocidades; pero que exista ésta, no quiere decir que sea buena per se; es más, uno de los principios del socialismo debería ser ir mitigando estas diferencias para alcanzar sociedades lo más igualitarias posibles.

Sin duda el PSOE se encuentra en una encrucijada, debe elegir entre una postura de sosegamiento de la cuestiona catalana, lo que necesariamente nos supondrá la pérdida de votos de votantes de izquierdas que defiendan una visón unitaria de España (incluyendo Cataluña),  que será recogida por Ciudadanos. Ya hemos visto como en Cataluña nos ha superado ampliamente este partido, especialmente en los pueblos de tradición socialista. La otra opción es adoptar una posición más ortodoxa, que sin duda mantendrá en la máxima tensión el problema catalán, lo cual puede que sea insoportable para Cataluña y para toda España. Puede que la elección de esta postura incomode a muchos socialistas porque pudiera coincidir, aparentemente con la defensa de España que hace el PP. Pero aunque el resultado final pudiera ser similar el origen es bien distinto. Los populares defienden la unidad por territorialidad, por una idea patrimonial de España. La defensa de la unidad desde el socialismo tiene como único origen la igualdad; puede que esto no valga a muchos los catalanes, pero no deja de tener su importancia.

Realmente, el problema es complejo, tal vez una solución sencilla agrave más la cuestión catalana. Todos, por humildad intelectual debemos renunciar a posiciones inamovibles. Solo cabe esperar que el PSOE sepa elegir lo más correcto, o al menos, lo menos malo.

Abrir las ventanas

Desde hace ya tiempo el PSOE ha perdido una importante cantidad de votantes, son muchas las explicaciones que se han dado desde fuera del partido, desde la opinión publicada. Posiblemente no haya una sola razón, seguro que todas las que se han dado tengan parte de verdad; lo complicado será ponderar el peso que cada una de éstas tenga. Propongo en este artículo dar una visión desde dentro de mi partido.

Ahora que hace veinte años que milito en el PSOE, en su federación madrileña (PSM), y siempre en la Agrupación Socialista de Torrelaguna (AST), creo que estoy legitimado para dar alguna opinión al respecto. Siempre he tenido más una actitud de observador que de protagonista en la vida partidaria fuera de la política municipal, aunque no creo que se pueda decir que esta actitud haya sido pasiva. Jamás me he dedicado a la política de forma profesional, nunca he cobrado un sueldo por ejercer mi actividad política. Y esto no lo digo porque piense que esto me dé una posición de superioridad moral, aunque sí creo que de cierto alejamiento objetivo sobre alguna de las actitudes que he visto. También quiero dejar claro, que creo que es necesario, para ejercer ciertos puestos una liberación total para poder hacerlo con garantías. En ningún caso defiendo propuestas populistas, como las del PP, de eliminar cargos públicos; y mucho menos de eliminar sueldos a cargos electos de la oposición, como lo que ha hecho la Presidenta Cospedal en Castilla La Mancha. 

Desde esta posición de observador activo y no profesionalizado, me propongo opinar lo que sigue. Creo que desde hace ya mucho tiempo, el PSM se ocupa fundamentalmente de sí mismo. La razón puede estar en las sucesivas derrotas electorales. Cuando se produce una derrota se suelen abrir dos caminos. Uno conduce a una crisis, que necesariamente se debe resolver con nuevos equipos y nuevas propuestas para intentar conectar con el electorado. Esto suele darse cuando la derrota es severa, o si es reiterativa con los mismos equipos. Desde luego es una vía natural y saludable. El otro camino lleva al enclaustramiento del partido, esto es, a encerrarse en sí mismo para que sus mandos, cargos, y militantes destacados busquen acomodo para sobrevivir confortablemente en la oposición. Esta vía ni que decir tiene que es muy comprensible humanamente, pero es cancerígena para la vida del partido.

Cuando nos dejamos llevar por esta segunda vía, a medio plazo, todos los militantes nos dedicamos más a hablar de nosotros que a reencontrarnos con nuestros electores. Este enrocamiento suele ser proporcional, cuanto más nos dedicamos más a nosotros mismos, más nos alejamos de la realidad. Además, este ensimismamiento es narcótico, ya que los protagonistas de la batalla interna parecen incapaces de darse cuenta del camino al que llevan al partido. Mucho de esto es lo que ha ocurrido en mi partido. Escribir de ello ahora, bien pudiera parecer oportunista, debido a los recientes acontecimientos en el PSM. Pero es que no es mi intención hablar sobre la maniobra, ni sobre la lucha por los puestos. Porque hablar de ello no creo que aporte nada de nuevo.

Prefiero reflexionar sobre algo que me preocupa mucho más, y que es menos superficial, menos obvio. Me refiero al cuerpo ideológico que vamos construyendo dentro del partido. Tengo la sensación de que en los congresos, conferencias, comités, asambleas y demás órganos de debate, muchas veces optamos por generar programas, normas y documentos con los que sentirnos a gusto los militantes, más que por saber si éstos tendrán acomodo en la sociedad, y sobre todo, entre nuestros votantes. Debemos darnos cuenta que en el PSOE no somos más que 200.000 militantes en España y no más de 15.000 en Madrid, sobre un censo nacional de 35.000.000 de votantes y de 4.630.000 en Madrid. Por tanto parece más inteligente, que sin traicionar nuestros principios socialdemócratas, nos ocupemos más en sacar programas con los que se encuentren más cómodos nuestros votantes que nosotros. Sé que es doloroso, que muchos militantes suelen tener un grado de compromiso mayor que nuestros votantes, pero si no logramos hacer este ejercicio de responsabilidad, puede que nuestra brecha con los votantes sea insalvable.

Esto no es nuevo, ya ocurrió de forma traumática en el XXVIII Congreso, cuando no se aceptó el abandono del marxismo que propugnaba Felipe González, por entonces Secretario General, lo que produjo la dimisión de éste. En un posterior Congreso Extraordinario se terminó aceptando esta postura, lo cual seguramente produjo un desgarro a viejos militantes, pero aseguró los futuros triunfos electorales del PSOE. Hoy, sin llegar a estos extremos, hay también posiciones que ni siquiera nos atrevemos a debatir, ya que se entiende que no serían de un buen socialista, y tenemos miedo a que se nos pudiera tachar de impuros. Sin embargo, luego nos llevamos sorpresas cuando nuestros votantes nos enmiendan la plana. Un caso reciente y preclaro ha ocurrido como consecuencia del pacto antiterrorista yihadista entre el PP y el PSOE. Este pacto incluye una cláusula sobre la cadena perpetua (revisable), que desde sectores importantes del partido se ha tratado como un anatema, como una traición a los valores del partido perpetrado por Pedro Sánchez. Luego una encuesta nos dice que nada menos que el 71% de nuestros votantes avala este pacto.

Personalmente, creo que la cárcel debe servir para reinsertar en aquellos casos en que se pueda, pero no tengo problema en afirmar que, para ciertos casos, me parece que este tipo de condena puede ser proporcional. No entiendo que esta cuestión sea un dogma socialista, así como sí creo que lo es la defensa de un Estado de Bienestar, la universalización de una Educación y una Sanidad de calidad, de un cierto grado de redistribución de la riqueza por vía de los impuestos. No creo que el federalismo (con el que puedo estar de acuerdo, siempre que sea simétrico); un lenguaje no sexista que destroza el español, hasta hacerlo irreconocible (estando a favor de una igualdad absoluta entre mujeres y hombres); o una vuelta a la memoria histórica después de 80 años (estando de acuerdo con que todo represaliado debe descansar en una tumba y no en una cuneta) pertenezcan a ese cuerpo de dogmas del partido.

Y a estos asuntos les dedicamos unas energías importantes dentro del partido, sin saber si estas preocupaciones que tenemos, son las que tienen los ciudadanos, nuestros votantes. Me temo que no. Pienso que la ciudadanía a la que debemos defender está mucho más preocupada por la pobreza, el paro, la reducción de derechos laborales, los recortes en Educación y Sanidad, la discriminación salarial (y no sólo) entre mujeres y hombres, la corrupción, la reducción de servicios, el encarecimiento de la Justicia, la subida de la energía … Y a estos asuntos deberíamos dedicar todas nuestras energías, todas.

Un partido debe ser un instrumento de la sociedad, y el nuestro debe estar al servicio de los más desfavorecidos; si el partido sólo se convierte en un organismo cuyo único objetivo es su supervivencia, estamos condenados a desaparecer. No podemos seguir un minuto más debatiendo sobre aquello que nos gusta y entretiene, y debemos ponernos a trabajar para saber qué es lo que necesita nuestra gente. En el momento en que nos dejemos de mirar el ombligo, no nos va a costar mucho contactar con nuestros votantes, porque tenemos sensibilidad para hacerlo.

Es el momento de tener cierta grandeza, de buscar que es lo mejor para nuestro cuerpo electoral; y si somos capaces de encontrarlo, por añadidura se nos dará la mejora de nuestro partido, y la de todos abnegados militantes. Si finalmente sabemos reencontrarnos con nuestra gente, tendremos más posibilidades de obtener una victoria, que será importante, no tanto para el PSM, como para el de tantos madrileños que están sufriendo las duras políticas aplicadas por el PP.

Un análisis de las Elecciones Europeas

Desde el Parlamento Europeo, el FMI y la Troika se exigen medidas de recortes y de austeridad para sacar a los países europeos de la crisis. Las recetas que dan estos organismos están basadas exclusivamente en variables económicas. Suponiendo, que es mucho suponer, que sus recetas sean acertadas, ya que parece que la realidad es testaruda en reconocer sus bondades, estas directrices se emiten sin tener en cuenta el factor humano. Sólo los números, los índices, las estadísticas guían sus fríos designios, sin considerar qué efectos van a causar en la población que vive en los distintos países, especialmente en los del Sur.

Es fácil pedir esfuerzos desde la comodidad de un buen puesto y un excelente sueldo. Todo se hace, dicen los prohombres, en pro de buscar el bien del pueblo. ¿Seguro? Más bien, uno empieza a pensar que lo que guía sus decisiones es buscar el mantenimiento de un sistema económico que garantiza el statu quo de los más acomodados. Sólo desde la seguridad que da tener una cuenta solvente y la certeza de que se va a tener en un buen futuro, se pueden pedir continuos recortes en el Estado de Bienestar. Si los que dan estas recetas fueran usuarios de la sanidad pública, educación pública o alguno de sus familiares estuvieran en paro, tal vez no se atreverían a dar sus fetuas tan alegremente. Habría que analizar qué es lo que se busca con tanto recorte: si la viabilidad económica de los países o el desmantelamiento del Estado de Bienestar, tan incómodo y al parecer tan caro para los más pudientes.

Las políticas de austeridad -que encierran un fondo de egoísmo e insolidaridad- que se están llevando a cabo en Europa no pueden ser ni gratis ni ilimitadas. No se puede atornillar tanto a los ciudadanos y pensar que las consecuencias van a ser inocuas. Las medidas que se están dictando (y que tan acríticamente están ejecutando los gobiernos del Sur), necesariamente tenían que causar un malestar creciente en la población; malestar imposible de acallar en países democráticos. Tan ensimismados están los hombres de negro, los directivos del FMI, y demás servidores del “pensamiento único” en sus datos cuantitativos, que se les olvidó pensar que sus decisiones tienen efectos sobre seres vivos racionales. Si los ciudadanos no viven en una dictadura que acalle sus quejas, éstas se manifiestan. A dichos economistas se les suele olvidar que los países no son empresas, por más que les gustara a algunos. Un directivo puede tomar decisiones, por duras que sean para los trabajadores, en busca de optimizar los beneficios, más que en buscar la viabilidad de la empresa, sin que haya graves problemas sociales. Pero esta manera de proceder es imposible trasladarla a los gobiernos, porque las relaciones patrón-trabajador son necesaria y absolutamente distintas a las de gobernante-ciudadano.

Las medidas de recortes y austeridad a todo trance están sacando a muchos ciudadanos del sistema. Sólo en España, según el INE, la tasa de riesgo de pobreza es del 25%. Cuando tanta gente pierde la esperanza de volver a tener una posición dentro de la sociedad (un trabajo, unos servicios, una seguridad), es normal que esta parte de la ciudadanía se revele, que pierda el miedo, que tome conciencia de que ha sido expulsada del sistema. El que nada tiene que perder nada teme; por ello, es normal que cuando la población tiene la posibilidad de expresarse por vía de unas elecciones; muchas de estas personas excluidas del Estado de Bienestar no elijan a los partidos sistémicos. Si estas elecciones además son Europeas, las cuales se suelen utilizar por los electores para castigar al gobierno o a los partidos de su preferencia (por promesas incumplidas), nos podemos explicar el éxito de la formación Podemos; además de por sus aciertos propios, que, sin duda, algunos tendrán.

Si no se quiere que Europa se abandone a gobiernos imposibles, al auge de partidos extremos de todos los colores, o directamente antisistema, el Gobierno de Europa debe cambiar las medidas de recortes y la austeridad debe reducirse. Parece que así lo han entendido muchos presidentes europeos, especialmente los del Sur, y ya han pedido cambios en las políticas; y esperemos, por bien de todos, que quien de verdad manda en Europa sea receptivo a estas solicitudes. De lo contrario, se puede producir una deriva en breve, y las próximas elecciones pueden arrojar unos resultados que garanticen la ingobernabilidad y, por tanto, provoquen inestabilidad; que parece ser que es una de las situaciones que más temen los mercados.

Por supuesto que estos cambios no deben suponer un pendulazo que relaje el gasto, sobre todo el gasto improductivo, y elimine toda austeridad. Los que somos socialistas debemos evaluar de manera sensata qué Estado de Bienestar nos debemos permitir y cómo financiarlo. No podemos caer en la tentación de los partidos populistas o de aquellos que saben que será muy complicado que alcancen el gobierno, para imponer su programa máximo; donde prometen políticas que todos sabemos que son de imposible cumplimiento. No creo que sea inteligente que desde posiciones socialdemócratas se acepten automáticamente todas las demandas de los votantes, porque es un imposible ideológico; ya que algunas son contradictorias. Tampoco parece acertado asumir todos los postulados de los “indignados”, algo que puede ser una fuerte tentación. Pero, sin duda, algunas de las cuestiones que se plantean por parte de los ciudadanos de izquierdas sí debemos incluirlas en nuestros próximos programas.

Pero lo que parece claro es que debemos perder el miedo a hacer políticas distintas a las que en los últimos años se vienen imponiendo, como si no fuera posible elegir entre otras opciones. Si algún exceso se ha cometido cuando los socialistas han gobernado, habrá que analizarlo para eliminar esas prácticas, pero no podemos renunciar a nuestra posiciones de redistribución y solidaridad. Debemos sacudirnos el miedo que nos ha paralizado, facilitando que se haya colado en Europa y en todos sus gobiernos el programa liberal: cuanto menos Estado, mejor. Cada vez somos más los que pensamos que se han aprovechado la crisis para imponer un modelo económico que ningún partido conservador se hubiera atrevido realizar de no existir esta crisis. Es hora de exigir desde la socialdemocracia europea que se apliquen políticas económicas más humanas, que reduzcan desde ya el mucho padecimiento que se está infligiendo a demasiada gente. De no hacerlo, puede que Europa sucumba al populismo antisistema de todos los colores.

El cortoplacismo, una perversión democrática

Aceptando sin ningún tipo de reservas que el sistema democrático es el mejor sistema inventado, y en el que quisiera vivir toda mi vida, no dejo de comprobar, por mi experiencia política, que encierra algunas perversiones. Una de ellas es el cortoplacismo en la toma de decisiones. La pregunta es por qué se da tan repetidamente esta situación. Una respuesta plausible estaría en el sistema de elecciones cada cuatro años; ya que ese será el plazo en el que gravitará toda la actividad política de un partido, y constreñirá decisiones de gran calado a ese tiempo, pese a que las consecuencias pudieran exceder ese periodo.

En principio, es un tiempo más que considerable para la gran mayoría de las decisiones que hay que adoptar en política, pero no lo es tanto para una planificación de desarrollo estructural que, necesariamente, ejercerá su influencia en un periodo de tiempo más largo. Un caso claro de esto lo podemos ver en las inversiones en infraestructuras, pero no sólo; hay otras políticas que requieren de unos tiempos mayores que los que nos marcan las legislaturas democráticas, como pueden ser las que afectan al sistema productivo o a la Educación. En España, vemos que ningún partido, ante las exigencias de la crisis –los recortes-, invierte en Investigación y Desarrollo, dejándolo para los tiempos de bonanza. Se echan de menos políticas de Estado para solucionar cuestiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, es un dolor comprobar que la alternancia de gobierno viene acompañada de un cambio en la ley que regulará la Educación. No se pueden entender las alocadas políticas de infraestructuras llevadas a cabo por todas las administraciones, especialmente en las comunidades autónomas. Es decir, se aplican políticas coyunturales que dan escasos o contraproducentes resultados, en vez de tener una planificación a largo plazo, que sea –dentro de lo posible– inmune a los vaivenes políticos, a los lógicos cambios de partidos en el gobierno.

La gobernanza en los sistemas democráticos se ve debilitada por el exceso de cortoplacismo que aplican los partidos en su quehacer diario. Ese cortoplacismo está alimentado por la necesidad imperiosa que tiene esa organización en ganar las siguientes elecciones. Como dicen Nicolas Berggruen y Nathan Gardels en Gobernanza inteligente para el siglo XX: «la política se ha convertido en algo que gira en torno a las próximas elecciones en lugar de la próxima generación». Realmente es difícil que exijamos a los partidos que luchen contra su propio ser, los partidos son organizaciones que tienen como objetivo la consecución del gobierno para aplicar sus políticas; y todas las fuerzas internas irán en pro de ese objetivo. Si existiera alguna fuerza que aconsejara mesura, que propusiera medidas poco electoralistas, toda la organización tenderá no sólo a obviarlas, sino a ocultarlas. A ningún partido le suele gustar suicidarse. Tal vez esta actitud pueda ir contra la ética, pero no contra la esencia de los partidos.

Un caso preclaro de esta actitud es la que mantuvo el PP en las Elecciones Generales de 2011, en donde propusieron un programa electoral que ha sido prácticamente incumplido metódicamente. Es imposible que pudieran alegar desconocimiento de la situación en que deberían gobernar, porque cualquier persona medianamente informada sabía perfectamente en qué escenario se iban a mover. Sencillamente tenían que ganar unas alecciones que tenían en la palma de la mano y no las iban a dejar a escapara asustando a los votantes con el programa oculto, que sí sabían que tendrían que desarrollar.

Si el PSOE hubiera mirado a largo plazo, nunca hubiera adoptado algunas políticas fiscales que se llevaron a cabo en el periodo de bonanza económica. Fue cuando se dijo aquello de que bajar los impuestos era de izquierdas. Bajar impuestos nunca es de izquierdas, es una política de derechas. Para la izquierda, la política impositiva es sólo un instrumento que sirve para recaudar los ingresos suficientes para poder prestar los servicios que se estimen necesarios para las políticas sociales clásicas de estas formaciones. Mucho más ambiciosas en la izquierda que en la derecha, y por eso los impuestos siempre serán más altos con los partidos de izquierda que con los de la derecha. Renegar de esto es tirar nuestra ideología por la ventana. El hecho de que hablemos de los impuestos de manera vergonzante es porque sabemos que la ciudadanía exige unos servicios que se niega a pagar con unos impuestos proporcionales, como dicen los citados autores en la obra ya mencionada. Otra cuestión es analizar qué Estado de Bienestar nos podemos permitir para que la carga impositiva no lastre la viabilidad económica de un país, en un mundo globalizado y muy competitivo. Porque hay cierta tendencia en la izquierda a confundir, en ocasiones, la defensa de ciertos privilegios con un Estado de Bienestar razonable; pero eso sería materia para otro artículo.

Una política anticíclica en el PSOE hubiera sido mantener los impuestos y haber evitado alegrías como el cheque bebé, ya que en bonanza es cuando menos cuesta pagar impuestos y servicios, para hacer hucha, para generar las suficientes reservas para cuando la economía se deteriora. Si se hubiera hecho eso, que desde época bíblica se nos aconseja, tal vez el gobierno no tendría que haber realizado los fuertes recortes que le impusieron; ya que hubiéramos tirado de los ahorros, que para eso deben estar y no para hacer estúpidas infraestructuras (las que lo sean), que son un despilfarro y un constante desangramiento por la vía de mantenimientos e intereses. Aquellos recortes en contra del programa socialista nos llevaron a perder las elecciones y quedó el partido en una difícil encrucijada. Es cierto que había superávit cuando todo empezó a ir mal, pero mayor sería si se hubieran mantenido los impuestos; y otra cuestión es cómo se debió emplear ese superávit para reanimar la economía.

Una vez más el cortoplacismo impidió tomar una medida previsora, ya que parece que ningún político es capaz de generar reservas, no sea que las que se hagan las puedan disfrutar otros políticos de otra formación. Sólo los políticos que son capaces de romper estas tendencias partidarias se les puede considerar estadistas, y la verdad es que esto no se estila en la política actual. Una posible explicación es que demasiada gente hace de la política su medio de vida, se profesionaliza, y por tanto el afianzarse en el puesto mediante la consecución de una victoria electoral se hace imprescindible. Es tan humano como contraproducente. Tal vez la limitación de mandatos podría paliar esta situación, aunque no estoy del todo convencido. Lo cierto es que una excesiva profesionalización de la política puede llevar a tomar decisiones más partidistas que estadistas. Es un mal que debemos examinar en los partidos y dar respuestas inmediatas; o más pronto que tarde dejaremos de interesar a los ciudadanos. O puede que ocurra algo peor, que estos se echen en brazos de partidos populistas de toda clase y condición, que pudieran poner en peligro mismo la democracia.

Lo que la reforma de la Adminsitración Local oculta (II) (*)

Un principio democrático es evitar la concentración del poder. Con la Reforma de la Ley de Bases del Régimen Local lo que se pretende es suprimir o reducir considerablemente una Administración: la Local, en beneficio de la Autonómica. Es un mal extendido establecer una estructura jerárquica entra las distintas Administraciones que conforman el Estado, error en el que caen también demasiados políticos. En la cúspide estaría la Administración Central, en segundo lugar la Autonómica y en último lugar la Local. Un error. Son tres Administraciones, con diferentes competencias; que se complementan y que todas juntas forman la Administración del Estado. Confunden la capacidad de financiación con grados de importancia o de poder. Otra cosa muy distinta es el poder que detentan (**) ­en sentido estricto­ las comunidades en detrimento de los municipios, pero ese es un problema que tal vez requiera un artículo aparte. Con esta reforma se pretende aumentar, aún más, la concentración de competencias en detrimento de los ayuntamientos, en tal grado, que puede poner en peligro la viabilidad de los pequeños municipios. Que en el fondo es lo que desean algunos arbitristas del gobierno y de los medios de comunicación con posiciones más extremas. El pensamiento último, de estos, es eliminar todos aquellos municipios que no sean rentables. Pero habría que preguntarles cómo se va a medir esa rentabilidad. ¿Sólo con principios puramente contables? Entonces sobrarían la gran mayoría de los pueblos de España. Pura ingeniería social.

Si en la evaluación de rentabilidad se incluyeran otras variables, sin duda se encontrarían razones suficientes para no propiciar la eliminación de tantos municipios y pedanías o similares. Si se despoblasen todos los terrenos de España y se concentraran todos los habitantes en unas pocas poblaciones, se producirían efectos indeseados, como sería el abandono de campos, bosques, montañas y demás tierras agrestes, con consecuencias nefastas. Ya hemos visto que desde que no se explotan los bosques y no se limpian los lechos de los ríos; los incendios son más dañinos y las inundaciones más agresivas. Además se perdería un acervo histórico y cultural de incalculable valor. ¿Alguien se imagina la obra de Miguel Delibes sin estos pueblos que ahora algunos quieren hacer desaparecer? No sé si estos opinadores han valorado el tremendo rompimiento que pudiera producirse en muchas gentes de campo, al eliminarles su medio de vida; ¿tan difícil es comprender que no todos sirven para vivir en grandes ciudades?

Además, es un abuso y un engaño el querer hacer cargar a los pequeños municipios como causantes del gran agujero de la Administración. Más bien siempre han sido los paganos del abandono de las otras Administraciones y, en muchos casos, viven en condiciones bastantes modestas y con unos servicios, en nada envidiables. Claro que habrá habido excesos, pero como en todas las Administraciones. Hasta ahora no se ha oído hablar de evaluaciones de servicios ni de absorción de comunidades por esa orgía de aeropuertos, trenes de alta velocidad, y demás absurdas infraestructuras; pagadas también con los impuestos de los habitantes de los pequeños municipios.

Con la reforma, las corporaciones de los pequeños municipios quedan degradadas absolutamente, tanto, que, para lo que les va a quedar gestionar, tampoco parece que sea necesario el sufragio universal. Tan sólo van a tener que realizar una lista de servicios que les van a dictar desde la Comunidad, y para eso no hacen falta políticos, sino técnicos. La esencia del político es la capacidad de elegir o decidir, no tanto la ejecución. Es establecer las prioridades sobre un presupuesto finito. Si acierta en escoger las prioridades será avalado con los votos de los ciudadanos; y, si se equivoca, serán los vecinos los que le quitaran del cargo. No parece muy democrático que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se diga ahora, qué servicios pueden darse y cuáles no, y en qué condiciones. De lo que debería preocuparse este Ministerio, en todo caso, es en que no se caiga en endeudamiento. En eso estamos de acuerdo, pero no en cómo lo pretenden hacer. Un político de un pueblo pequeño puede decidir llevar en su programa el mantenimiento de una biblioteca pública, serán los vecinos los que valoren si quieren eso o no; lo que no es aceptable es que ahora una cuestión así se pueda decir desde otra Administración. Esto rompe el principio de subsidiaridad, que dice que los asuntos deben ser gestionados, siempre que sea posible, por la administración más cercana; ya que la cercanía a los problemas, da mayores garantías de que se acierte en la solución.

No es aceptable que por los casos de abusos, de excesos o de delitos de algunos munícipes, se pretenda tutelar a todos los miembros de la Administración Local, como si fueran unos incapacitados y unos sujetos proclives a cualquier corrupción. Desgraciadamente, estos males se pueden repartir entre las distintas Administraciones y nunca se ha planteado la eliminación de competencias o la ejecución de tutelas fuera de la Administración Local.

Subversión democrática en aras de la eficiencia

Uno de los principales argumentos que se utilizan para la justificación de esta reforma es la búsqueda de la eficiencia, pero por más que se van leyendo los distintos anteproyectos, más que la búsqueda de ésta, parece que lo que se pretende es la degradación de la Administración Local. La eficiencia es un principio que debe buscar obsesivamente el político, pero esta búsqueda no puede poner en peligro la democracia. Puede que, efectivamente, sea más barato que se pusiesen funcionarios en todos los órganos de las Administraciones, que fuesen estos trabajadores públicos escogidos por los principios de mérito y capacidad, los que gestionasen los distintos presupuestos, pero antes o después tendrían que tomar decisiones, y para eso nunca estarán investidos de la legitimidad, que sólo se puede obtener por los votos. Saltándose este principio democrático de la legitimidad obtenida por sufragio, el anteproyecto de ley dota de unos poderes excesivos a los interventores, que además del lógico control sobre la legalidad de los actos que realizan los políticos, les da también el control sobre la oportunidad de las decisiones políticas, lo cual subvierte el normal juego democrático. Por esta vía la reforma no será más eficiente, y aunque así lo fuera, no justificaría que la tecnocracia se imponga a la democracia.

Duplicidad de competencias

Otro argumento recurrente entre los defensores de la reforma es que ésta evitará la duplicación de competencias. Está claro que todo organismo debe revisar su funcionamiento si no quiere anquilosarse y dejar de ser útil. Sin duda, la crisis nos obliga a hacerlo con celeridad, pero eso no significa que se haga desde un Ministerio sin contar con los que se supone que algo tendrán que decir, que son los alcaldes y concejales. La reforma se impone, no se debate, en virtud a una inteligencia superior que reside en algún conciliábulo del Ministerio.

Es muy probable que los que están en la redacción de este anteproyecto desconozcan profundamente lo que es la vida y la complejidad de los pequeños municipios, porque nadie que lo conozca puede proponer lo que se está proponiendo. Con el articulado del anteproyecto se pierde una oportunidad de clarificar las competencias y la financiación de éstas. Duplicidades que en los ayuntamientos pequeños no existen y que serán mínimas en aquellas localidades donde las haya. Evitar estas supuestas duplicidades no conseguirá apenas ningún ahorro. Lo que si existe es una complejidad en la prestación de los servicios de algunas competencias.

Así es difícil entender que sean los ayuntamientos los que paguen el mantenimiento, la electricidad, los combustibles y a los conserjes de los colegios, donde todo lo demás está a cargo de la Comunidad, ¿dónde está aquí la duplicidad? No hay competencia entre ayuntamiento y comunidad por ver quién echa antes el carburante en la caldera; lo que si hay es un lío, y además muy injusto. Ya que dependiendo del colegio que tenga el municipio, que sea más o menos nuevo, que tenga más o menos calidades constructivas, de que sea más o menos eficiente energéticamente; así gastará más o menos el municipio en su mantenimiento. Casos como éste son los que debería evitar la reforma y clarificar quién debe dar el servicio íntegro; pero teniendo claro todos, que nunca será por evitar una duplicidad sino una complejidad. Evitar la confusión en la financiación de casos como el de la Educación parecía que se hacía imprescindible, máxime cuando se decide emprender una reforma tan ambiciosa.

De la lectura del anteproyecto nada se aclara, todo sigue más o menos igual; o como piensa más de uno, se complica aún más, ya que serán las comunidades las que en un periodo de cinco años se encargarán íntegramente de la gestión, pero los ayuntamientos deberán seguir pagando el mantenimiento. De cómo se hará esto nada se sabe.

Privatización de servicios

La reforma facultará al Ministerio para que establezca los costes estándar de los servicios municipales, y aquellos ayuntamientos que no cumplan con estos costes, tendrán que dejar de prestarlos y serán las diputaciones, o las comunidades las que asuman estos servicios. Parece que serán pocos los pueblos de menos de 20.000 que puedan estar por debajo de estos costes, ya que es sabido que prestar servicios en pueblos pequeños es más caro que hacerlo en grandes poblaciones. Las diputaciones o las comunidades asumirán así un gran paquete de servicios de los municipios. Es más que previsible que estos se privaticen en bloque, para aplicar economías de escala. Este objetivo oculto sí que es uno de los motores de esta reforma, y no otros que se manejan para engañar a los vecinos.

Esta privatización, con toda seguridad traerá aparejada una pérdida de calidad de los servicios y un encarecimiento de las tasas, que con la reforma las fijarán las comunidades o diputaciones y no los ayuntamientos. Ya se sabe que cuanto más alejado esté el político del vecino, más fácil le será tomar decisiones impopulares.

Los municipios, en búsqueda de la eficiencia, cuando se han visto incapaces de prestar un servicio necesario, se han organizado para mancomunarlo. Hay mucho que mejorar y modificar en las mancomunidades, y en eso se debería ocupar la reforma; pero lo que ésta propone es la práctica desaparición de estas entidades en beneficio las diputaciones. Este camino que parece ser el más inteligente y por el que se debería apostar, queda prácticamente abortado en el anteproyecto.

La ineficaz financiación de los ayuntamientos

Otra oportunidad perdida en esta reforma es lo que se refiere a la financiación local, que más que insuficiente, que también, es ineficaz e injusta. Una gran parte de los ayuntamientos están ya tutelados por vía de las subvenciones, un sistema injusto y proclive a todo tipo de trapacerías políticas por parte de quien las reparte. La financiación por vía de la subvención es además un sistema ineficaz, ya que obliga a todos los ayuntamientos a emplear muchas energías en la elaboración de los concursos, sin saber si finalmente podrán disponer de esos fondos. Los ayuntamientos no deberían concurrir públicamente ni mendigar entre las distintas consejerías. Las corporaciones municipales deberían poder gestionar unos ingresos suficientes y fijos; lo que les permitiría algo tan importante como es la planificación. Con el sistema de subvenciones el intentar planificar es una quimera, ya que nunca se sabe si te darán fondos y si estos se repetirán en el tiempo. El municipalismo no es subvencionable, en la actualidad, en muchas ocasiones el político municipal no rinde cuentas ante la ciudadanía sino ante un Director de Departamento. La Administración Local española está tutelada políticamente y subvencionada financieramente, lo cual es incompatible con la democracia y la Constitución.

La reforma de la Ley de Bases del Régimen Local es un cúmulo de engaños: ahorros, eficiencia, eliminación de duplicidades… con brindis al sol como la reducción de salarios de alcaldes y concejales. Es una subversión democrática con la reducción del poder local a favor de los técnicos y otras administraciones. Y una ocasión perdida para clarificar las competencias entre las distintas administraciones y estudiar una nueva financiación que garantice su ejecución.

(*) Para la realización de este artículo se han recogido algunas opiniones vertidas por Manuel Zafra Víctor en la II Conferencia de Pequeños Municipios del PSM. Manuel Zafra Víctor ha sido director general de Cooperación Local en el Ministerio de Administraciones Públicas (2004-2007), director general de Administración Local en la Junta de Andalucía (2008-2010). Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada.

(**) Detentar: Poseer o retener algo ilegítimamente.

Lo que la reforma de la Administración Local oculta

Con la aprobación, por el Consejo de Ministros, del anteproyecto de la Reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se ha iniciado el proceso que acabará con el modo de vida que hasta ahora hemos conocido en los pueblos de menos de 20.000 habitantes, especialmente de aquellos que no llegan a los 5.000. Lo más triste es que ha sucedido con el aplauso general de los ciudadanos, porque los que han pergeñado este atentado a la calidad de vida de los pequeños municipios han puesto un señuelo, en el que ha picado la generalidad de la opinión pública. En este tiempo de descredito de la política, qué más se quiere oír que la rebaja de los salarios de alcaldes y la reducción del número concejales. Lo que se desconoce es que esta Ley trae una auténtica carga de profundidad que va suponer una pauperización de los pueblos de menor tamaño. Es cierto que hacía falta una racionalización de los sueldos, pero el alcance que se propone va a ser bien limitado, ya que la mayoría de los concejales no cobra, como así no lo hacemos muchos alcaldes de municipios pequeños. Nunca esta Ley iba a reducir el número de concejales, aunque así se dijera hasta la saciedad; lo haría, en su caso, la modificación de la Ley Electoral, pero al final, ni eso, afortunadamente. Es decir, que de las dos medidas estrellas que se presumía que iba implicar esta reforma, una desaparece y la otra, la de los sueldos, queda muy mermada. Los principales perjudicados serán los alcaldes de los pueblos menores, que tendrán sueldos muy por debajo de los que podrían conseguir fuera de la política, con lo que se expulsará a los más aptos para ocupar esos cargos.

Veamos ahora qué cuestiones sí trae esta Reforma debajo del camuflaje de los sueldos. El Gobierno establecerá costes estándar de los servicios municipales; si los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no cumplen con estos estándares, será la Diputación o la Comunidad las que asuman dichos servicios. Parece que serán pocos los pueblos de menos de 20.000 los que puedan cumplir con los costes impuestos, ya que es sabido que prestar servicios en municipios pequeños es más caro que hacerlo en grandes poblaciones. Los ayuntamientos tendrán que ceder recursos y personal a la Comunidad para que los realice, creando una absoluta inseguridad laboral en aquellos trabajadores que haya que traspasar.

Aquellos servicios que no sean obligatorios, como puede ser el de biblioteca en los menores de 5.000, pueden desaparecer si el Interventor, no el político legítimamente elegido, entiende que no hay viabilidad financiera para mantenerlo. Serán muchos de estos servicios los que desaparecerán de los pequeños municipios, servicios a los que los habitantes están acostumbrados, y cuya eliminación supondrá una importante pérdida de calidad de vida. Se nos dice que con carácter preferente, entre otros servicios, la Comunidad asumirá en los pueblos de menos de 20.000 habitantes las instalaciones culturales y deportivas. Hasta ahora, el vecino, que no el trabajador municipal, puede pensar que a él le sigue pareciendo bien la Reforma, porque le da lo mismo que el servicio se lo preste el Ayuntamiento o la Comunidad. Sin embargo, no le parecerá tan bien cuando se entere de que las nuevas tasas no las fijará el Pleno, sino la Comunidad, y, por supuesto, ya garantizo que eso derivará en un importante aumento de los precios en muchos pueblos, y en Torrelaguna, seguro. Lo más probable que oculte esta Reforma es la privatización de la mayoría de los servicios municipales; la Comunidad asumirá un gran paquete de servicios de varias localidades que privatizará en bloque. Los polideportivos de Torremocha, Torrelaguna, y El Molar podrían pasar a ser prestados por una empresa privada, por ejemplo.

Se clarifican las competencias de Educación, que han de pasar, antes de cinco años, a las autonomías. Así los conserjes y el mantenimiento de los colegios y las escuelas infantiles dependerán de la Comunidad, pese a que ésta, por boca de su presidente, ya ha dicho que le será imposible. Ya anticipo que la calidad y exigencia que hoy se da en las escuelas infantiles bajará sensiblemente, como ya ha ocurrido en aquellas que se han privatizado, amén de la subida de las tasas.

Entre las medidas que contempla esta Reforma se encuentra la posible extinción de los pueblos de menos de 5.000 habitantes cuando un municipio haya tenido una evaluación negativa de sus servicios, o presente tres años seguidos un remanente negativo, o incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria. En ese caso, pasará a ser absorbido por mutuo acuerdo por un pueblo colindante, y si no lo hay, por el municipio cercano de mayor población (¿y si no lo hay?). Es decir, Torrelaguna, en caso de que incumpliera alguno de los supuestos, podría ser absorbido por Redueña con acuerdo, o por El Molar sin acuerdo. Si alguien no se cree lo que lee, sólo tiene que ir al artículo 61 bis. La Reforma tiene otros males, como es el cercenamiento de la autonomía local por vía de una intervención absoluta; pero, finalmente lo que traerá la Reforma es una pérdida de calidad de vida de las zonas rurales y una segura despoblación.

Habrá ampliación.

Eliminación del helicóptero de urgencias

El 31 de enero, el BOCAM hacía oficial lo que muchos nos temíamos, la desaparición del helicóptero de urgencias del SUMMA 112. De nada han valido las reuniones y presiones que todos los alcaldes de la zona han hecho para mantener este servicio, el cual consideramos clave para asegurar un mínimo de calidad en el servicio de la Sanidad.

Son tiempos de crisis, todas las personas que tenemos responsabilidades de gobierno hemos tenido que hacer recortes, es inevitable. Pero hay que saber muy bien dónde aplicarlos y cómo hacerlos, preferiblemente con humanidad y cabeza. Parece que esta coyuntura justifica cualquier recorte, y no es así. Creo que debe haber límites, y uno clarísimo es este. No se puede privar a una zona como la Sierra Norte de un helicóptero de urgencias, que está archidemostrado que ha salvado vidas. Nos pretenden engañar diciendo que un solo helicóptero va dar el mismo servicio que los dos actuales. Al daño que nos va a producir la eliminación de este servicio, se nos une el de ser tratados como tontos.

Antes de recortar en servicios básicos caben algunas posibilidades, como es negociar unas mejores condiciones económicas, tal y como ocurre en Castilla y León; en el que uno servicio similar cuesta bastante menos. Cabe recortar en otros gastos, como pueden ser los suntuarios, festejos o de publicidad, o incluso si se me apura, en Deportes o Cultura antes que en Sanidad. Aunque se hace más complicado entender esta medida cuando en el mismo presupuesto hay ocho millones para helicópteros contraincendios. El ahorro no será de más allá de 400.000 euros, y por ello se hace más difícil comprender esta decisión. Tan difícil, tan difícil que la totalidad de los alcaldes de la Sierra Norte está en contra de la medida, independientemente del color político de cada uno. Este tipo de servicios (además de salvar vidas, como en el caso del helicóptero) sirve para garantizar una mínima calidad de vida en las zonas rurales; si éstos se van desmantelando, no tardará en producirse una despoblación en estos pueblos.

Ya sabemos que ciertos servicios en zonas despobladas son más costosos, y que para prestarlos no podemos guiarnos sólo por criterios economicistas; algunos gestores y la mayoría de contertulios arbitristas verán que no son rentables y, por tanto, eliminables. No es mi criterio evidentemente, me inclino por las razones políticas para su mantenimiento. También hay que recordar que los serranos también colaboran con sus impuestos en financiar otros servicios madrileños, que en muchos casos, apenas utilizarán, como puede ser la red del metro. Además el helicóptero no sólo presta servicio a los lugareños, lo cual ya, por sí sólo justificaría su existencia, también se benefician de su actividad los accidentados en carretera, excursionistas y visitantes de la Sierra en general.

Hay que reconocer que la medida es “valiente”, ya que supongo que sabrán que antes o después se producirá una situación trágica que no se va a poder atender en tiempo y forma; y supongo que tendrán que aguantar las críticas de los afectados y de la oposición. Lo cual parece indicar que no han valorado bien las consecuencias de su decisión.

Creo que en este caso todos los políticos de la zona estamos de acuerdo en la continuidad del servicio; a algunos nos gusta como se viene prestando este servicio, lo dejaríamos tal y como está, ni más ni menos. Otros, desde otras posiciones ideológicas pueden proponer su privatización, no lo sé; en todo caso sería algo absolutamente legítimo, y acorde con ciertas posiciones políticas. Lo que no creo es que exista en la Sierra Norte una sola persona que esté de acuerdo con la eliminación del helicóptero de urgencias de Lozoyuela.

Sierra Pobre, Sierra Norte, Sierra Pobre

Esta zona de Madrid siempre se conoció como Sierra Pobre. Desde los primeros gobiernos de Joaquín Leguina se trabajó para erradicar la situación de abandono en que se encontraba. Para ello, se creó un organismo que, a la postre, fue clave en el desarrollo de la Sierra, el PAMAM. A este organismo le acompañó una política de reequilibrio territorial en todo Madrid, que consiguió en poco tiempo que a la Sierra Pobre se la empezara a conocer como Sierra Norte. Políticas de mantenimiento y desarrollo que se mantuvieron con los primeros gobiernos del PP, pero esta política se rompe en las últimas legislaturas, y muy especialmente en la que nos ocupa. Si bien todos sabemos que una época de crisis es necesariamente una época de recortes, sinceramente pienso que se está utilizando la crisis como coartada para recortar por encima de lo aconsejable y, en ocasiones sin orden ni concierto, causando un daño irreparable y casi gratuito.

En un periodo corto de tiempo, los vecinos de la Sierra han sufrido una pérdida de calidad de vida, que se agravará en los próximos meses, si el actual gobierno sigue con los planes de recortes anunciados. Ya hemos visto como ha desaparecido un organismo clave en el desarrollo de la Sierra, como ha sido el PAMAM.

Otros servicios se han esfumado, complicando la vida, precisamente a los más necesitados, como lo son la oficina de empleo, la oficina móvil del Canal de Isabel II Gestión y la oficina del consumidor. Padecemos una subida del transporte público muy por encima del IPC, que dificulta la movilidad de las personas que le es imprescindible usar este deficitario servicio.

Hemos visto como una de las principales empresas públicas de Madrid, y clave en esta comarca como es el Canal de Isabel II, ha sufrido una transformación en su naturaleza jurídica con el objeto de privatizarla. De momento, los principales recortes los están sufriendo los trabajadores, pero si los planes siguen su curso, pronto serán todos los consumidores los que los padezcan. Intentaremos entre todos que no sea así.

También sufriremos en breve la privatización de nuestro hospital de referencia, el Infanta Sofía. Y ya veremos cómo queda nuestro ambulatorio, ante agresiones como la unificación de áreas y la reducción de las urgencias. Ha desaparecido el helicóptero del SUMMA 112 de Lozoyuela, que seguramente alguna noticia luctuosa nos traerá. Se han eliminado las políticas activas de empleo, que eran vitales para mantener el empleo en la comarca, a la vez que se prestaban servicios a los ciudadanos.

Vemos como peligran varias mancomunidades, y no le auguro un buen futuro a la de cultura, ¡ojalá me equivoque!

También se ha anunciado, y desconocemos en qué estado está, el traslado de los juzgados de primera instancia a Colmenar Viejo, es decir, para poner más lejanos los servicios de la justicia a los serranos, para más inri, después de la salvaje subida de tasas judiciales.

En un caso inaudito, el gobierno de la Comunidad ha roto un convenio firmado, como es el de las BESCAM, y deja de financiar en un 50% estos cuerpos policiales, sin ningún tipo de explicación. Esto supondrá unos menores ingresos para los ayuntamientos, lo que se traducirá en menos servicios municipales. Otra solución es que los gobiernos locales reduzcan empleos de personal laboral por valor de lo que dejen de ingresar.

Pero tal vez la agresión más fuerte que recibirán los ciudadanos de esta zona, y con ellos todos los que viven en pueblos de menos de 20.000 habitantes, será la que produzca la anunciada reforma de la Ley de Bases de régimen Local. Con la que se eliminarán servicios que hoy se prestan, o bien, se encarecerán por vía de la subida de tasas, que para muchos vecinos serán inasumibles, veremos.

En definitiva, todos los vecinos de la Sierra Norte hemos sufrido una pérdida de calidad de vida, un rápido empobrecimiento, que va a conseguir que volvamos a ser conocidos como la Sierra Pobre.

La postura de la Iglesia ante la inmigración

Uno viendo en que se ocupa en los últimos tiempos la Iglesia, cuáles son las noticias que genera, cuáles son sus afanes y cuáles son las cuitas que le ocupan; podría pensar que casi todo su quehacer se centra en el sexo, su práctica y todo lo que de él se deriva. Si se siguen las declaraciones de su máximo representante y de su jerarquía, observamos que gran cantidad de la información que emiten tiene como epicentro el sexo. Bien por los problemas graves de pediastría que arrastra, bien por el uso o no del condón, bien por sus opiniones sobre la homosexualidad, bien por sus manifestaciones en contra del control de la natalidad… Uno estaría legitimado en pensar que para la Iglesia casi todos los problemas de la humanidad se centraran en esta cuestión.

Afortunadamente en las sociedades avanzadas no hay ningún problema con el sexo, entre otras cosas porque hace oídos sordos a toda la doctrina de la Iglesia. En España sin ir más lejos, casi nadie sigue sus dictados en materia sexual; ni siquiera entre los que se declaran creyentes, ya que practicantes apenas quedan. Esto es una realidad objetiva que no merece siquiera demostración. Pero si alguno tuviera alguna duda, solo tendría que observar cual es la tasa de natalidad (en 2010 es de 1,40 hijos por madre); lo que nos demuestra que son pocos los que sólo practican sexo con la intención de procrear. Tal y como dice la Iglesia que hay que hacerlo, basándose en el pacto que Dios hizo con Noé: «Creced y multiplicaos y poblad la tierra (Génesis 9, 1)».

En estas cuestiones ginecológicas anda permanentemente enzarzada la Iglesia, obviando otras enseñanzas de mucho mayor calado social, pero de las que apenas oímos nada, entre el atronador ruido que producen palabras como: abstinencia, castidad, preservativos, paidofilia, homosexualidad, tradición, familia-cristiana y demás zarandajas.

Desde luego echo en falta la palabra de la Iglesia en una cuestión que creo que es más de su incumbencia, como es la inmigración, y de la que apenas nada he oído. ¡Cómo me gustaría, que desde sus púlpitos, se aleccionara a sus feligreses para que tengan una mayor tolerancia con los inmigrantes! En vez de acicatearles para que salgan a las calles para defender la familia cristiana tradicional, en contra de las leyes del Estado, cuyo imperio es para creyentes y no creyentes, para católicos y para practicantes de cualquier otra religión.

Qué lejos queda en mi recuerdo la canción ‘Cristo te necesita’, de extrema cursilería parroquiana, que decía: «No te importe la raza ni el color de la piel, / ama a todos como hermanos y haz el bien […] Al que viene de lejos dale amor […] / Al que habla otra lengua dale amor». Cuando se cantaba en las iglesias apenas había inmigración en España, entonces uno giraba la vista si se cruzaba con un negro o con otra persona de rasgos poco habituales, ante lo exótico del suceso. Cuando sólo sabíamos de los pobres del Mundo por el día del DOMUND, y por algunas noticas que siempre aparecían en la televisión sobre las hambrunas de África. Eran pobres en lejanos países que apenas nos molestaban con su miseria. Ahora que muchos de ellos se han trasladado aquí, en busca de una vida mejor. Ahora que con la crisis se les ha dejado de verles como una mano de obra barata, y se empieza a verles como un problema, es cuando se echa de menos la voz solidaría de la Iglesia, para denunciar los abusos y la xenofobia.

Tal vez sea tiempo de recordar algunas de las Obras de Misericordia Corporales de la Iglesia Católica, como son: «Dar de comer al hambriento / Dar de beber al sediento / Dar posada al peregrino». Lo ideal sería que no se hiciesen estas obras como obras de caridad, sino como un acto de justicia social. Ahora entiendo lo que algunos curas del Colegio decían en clase de Religión, lo difícil que era ser un buen cristiano, ya que esta doctrina exigía mucho a sus feligreses. Mucho es lo que se pide a los cristianos en el Nuevo Testamento, donde Jesús propone unas enseñanzas revolucionarias, por lo que tienen de denuncia de los poderosos, por lo que tienen de emancipación de los pobres, por lo que tienen de extremo amor por el prójimo, por el otro, por el diferente, incluso por el enemigo. Uno puede ver enseñanzas rayanas en una especie de comunismo primitivo, de igualitarismo radical. Razón esta que le ha llevado a Sánchez Dragó a decir: «No puedo ser de izquierdas porque es una secta del cristianismo, ya que recoge la más delirante idea que jamás se haya formulado: el igualitarismo». Pero no se lo tengan muy en cuenta a este orate, ya que uno puede recordar como se prestó, patéticamente, a introducir en TVE la película de Martin Scorsese ‘La última tentación de Cristo’, desde una posición de cristiano heterodoxo, para evitar posibles quejas de algún televidente ultramontano. Hoy dice esto y mañana lo contrario.

Pero algo de razón debe tener Dragó cuando en el Evangelio de Lucas podemos leer algo como esto: «Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva (Lucas 6, 29-30)». Y también: «Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto (Lucas 6, 34)». Evidentemente estas enseñanzas del capítulo de las Bienaventuranzas van en contra de toda lógica capitalista. Son de un rigor en su desprendimiento y solidaridad, que me es muy difícil aceptar, pero yo tengo alguna ventaja sobre algunos de los que se pueden partir el pecho diciendo mea culpa, no soy creyente y estas palabras no me obligan.

Lo cierto es que ante las exigencias y enseñanzas que se pueden leer sobre todo en el Nuevo Testamento, surgió inmediatamente un ejército de exégetas para explicar lo que quieren decir los libros sagrados. Ni que decir tiene que sus interpretaciones en nada o poco tienen que ver con las clarísimas palabras que recogen los cuatro evangelistas. A lo largo de la historia la labor de la Iglesia y su cuerpo de intérpretes han centrado toda su actividad en poner sordina a la doctrina más radical de Jesús y poner en primer plano cuestiones que poco o nada tienen que ver con sus enseñanzas. Hoy desgraciadamente la Iglesia está más centrada en aspectos epidérmicos, como son los normativos y litúrgicos que en enseñar y divulgar lo esencial de la doctrina y en exigírsela a sus seguidores.

Es triste sentir el silencio de la Iglesia ante el drama de millones de seres que escapan de sus países buscando una vida mejor, y que en muchas ocasiones son tratados como apestados, como ladrones, como delincuentes. Que son en muchas ocasiones explotados por empresarios sin escrúpulos, que son perseguidos por xenófobos, o señalados por algunos partidos como un problema, para conseguir votos. Y estas palabras no las digo desde el buenismo, sé de los problemas que una inmigración descontrolada puede ocasionar. Ni siquiera soy partidario del multiculturalismo, más bien de que las normas del país valen para todos, al que le convengan: bien y al que no: puerta. Quiero que al delincuente se le trate con todo rigor, haya nacido en Tetuán de Marruecos o en Tetuán de las Victorias. Estoy de acuerdo con la expulsión de los delincuentes extranjeros, ya que no supieron aprovechar su oportunidad. Lo que no puedo soportar es la criminalización generalizada, o la visión de que los inmigrantes son unos getas que vienen a aprovecharse de las ventajas de las sociedades más avanzadas. Soy consciente de los problemas (y no lo olvidemos de las ventajas) que puede ocasionar la inmigración, pero no es de justicia, acogerles cuando nos conviene y tirarles una vez que han sido convenientemente usados. Todas las actitudes xenófobas están basadas en el puro egoísmo, de las clases más desfavorecidas, porque se consideran competidores directos con los inmigrantes por los servicios del estado del bienestar; y de las clases más pudientes, ante el temor de que tengan que pagar más impuestos para poder financiar los servicios que el movimiento migratorio pueda ocasionar.

Supongo que la Iglesia intenta paliar las situaciones más desesperadas con su ayuda caritativa: reparto de alimentos, ropa y otros materiales; lo que no es nada desdeñable. Pero uno echa de menos una actitud de mayor calidad, como es exigir a sus feligreses que hay que acoger, compartir y solidarizarse con estas personas que pasan penalidades. Debería recordarles este versículo, tan radical, que advierte sobre las consecuencias del egoísmo: «Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los Cielos (Mateo 19, 24)».

Tal vez sea una impostura que alguien que no pertenece al seno de la Iglesia, diga lo que espera de ella; impostura que se iguala, supongo, a cuando la Iglesia no se limita al ámbito de sus fieles, y pretende que se legisle para toda una sociedad diversa, bajo el prisma de su exclusiva doctrina.