El Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) es la principal fuente de inversión de los municipios para realizar infraestructuras, son varios los que se han realizado, siendo el vigente el que ha reunido todos los despropósitos posibles. Todas las administraciones hemos sufrido el mordisco de la crisis, de todos es conocido la falta de liquidez de las instituciones, pero la gestión de este programa excede de toda comprensión. El PRISMA actual es el que se debería haber ejecutado entre los años 2008 y 2011; ya estamos en 2016 y está previsto prorrogarlo hasta septiembre de este año. Es decir habrán pasado casi cinco años del límite establecido para finiquitar el programa. Y viendo como ha funcionado hasta ahora, no sería nada descartable que hubiera nuevas prórrogas. Pero con parecer esto escandaloso, a mi entender no es lo peor, otras cuestiones han hecho de este Programa algo administrativamente intolerable.
Es la primera ocasión en que se ha quitado la gestión de las actuaciones a los ayuntamientos. En anteriores PRISMA las corporaciones aprobaban las actuaciones, realizaban las concesiones y controlaban las obras en un tiempo razonable y con un resultado más que satisfactorio. Una vez terminada la actuación estaban obligados a justificar, ante la Comunidad, los gastos realizados. Un sistema de éxito, que se cambia para pasar toda la gestión a a la Comunidad, en el que a través de su empresa pública ARPEGIO, administra todas las intervenciones. La razón era la búsqueda de una presunta eficiencia que se ha demostrado falaz. No sólo no se ha conseguido lo que se pretendía, sino que esta empresa se ha visto envuelta en casos de corrupción, que se encuentran investigando.
Otro mal endémico de estos planes es su opacidad, es imposible conocer los criterios con que se determina las cuantías que corresponde a cada pueblo; algo que en principio parece de toda lógica. Es imposible conocer el criterio por el que se van dando de alta actuaciones en los distintos pueblos; supongo porque sencillamente es inconfesable, aunque fácil de comprender. Sólo se puede entender en base a la afinidad política de los distintos gobiernos locales con respecto al responsable de de la gestión del PRISMA. Igualmente ha sido imposible, pese a las preguntas parlamentarias del PSOE-M, conocer cuántas han sido las altas aprobadas y el grado de realización de las mismas, algo que es bien sencillo, y que debería ser una información que se debería rendir de oficio; pues no, obscuridad total.
Pero cuando creíamos que en este PRISMA ya se habían visto todas las anomalías posibles, se ha cometido con el decreto de terminación y liquidación del mismo, el mayor atropello posible. En primer lugar hay pueblos que se quedan sin su financiación por no haber aprobado las actuaciones antes del 30 de diciembre de 2015. Puede que en algunos municipios, el no haber aprobado las actuaciones, sea achacable al mal funcionamiento de sus equipos de gobierno; pero en la mayoría de los casos, la razón es la falta de información y asesoramiento, lo cual no deja de ser un atropello. Debería la Dirección General de la Administración Local haber asesorado convenientemente a los municipios que estaban teniendo dificultades para la aprobación de sus inversiones; ya que no son muchas las fuentes de financiación de los ayuntamientos para éstas, y el castigo que sufren los vecinos es excesivo, por torpes que sean sus políticos. Pero lo peor no es esta exclusión, sino lo que va a ocurrir con los remanentes, que no volverán a los municipios. El remanente es la diferencia entre la cantidad inicial aprobada en una licitación y la cantidad con la que finalmente se adjudica. Estas diferencias suelen ser bastante importantes, debido a que durante estos años las empresas han ido a la baja en los concursos públicos.
Lo grave es que no todos los ayuntamientos se van a quedar sin los remanentes, sólo aquellos que todavía no tengan realizadas las inversiones. Es decir, que se castiga al perjudicado en un increíble y novedoso principio de justicia. Aquellos pueblos en que sus vecinos ya disfrutan de las inversiones, porque desde la Dirección General se haya decidido hacerlas antes que en otros pueblos, por pura discrecionalidad, además disfrutarán al 100% de sus remanentes; mientras aquellos municipios que todavía no tienen realizadas las actuaciones aprobadas, por ineptitud de la Comunidad (o por algo peor) encima se les castiga quitándoles sus remanentes. Remanentes que son derechos adquiridos de los vecinos, y que no se sabe porque principio administrativo eliminan. Injusticia sobre injusticia.
Lo peor es que ya se ha anunciado el nuevo PRISMA y parece que muchos de los defectos que hemos padecido se van a repetir, ya se han iniciado reuniones de alcaldes con los responsables de la Comunidad y ya se empieza a oír que habrá compensaciones (?). Verdaderamente se va a hacer insoportable que el nuevo programa de inversión no se haga con absoluta transparencia, aunque todo parece que va ir por el mismo camino. Tan sólo proponen cambiarle el nombre, ya que el estigma que arrastra el aún vigente parece que así lo aconseja. Cuando a algo que no funciona sólo se le cambia el nombre creyendo que con eso se aventa el mal, se está poniendo la primera piedra de un nuevo fracaso.
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