Con la aprobación, por el Consejo de Ministros, del anteproyecto de la Reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se ha iniciado el proceso que acabará con el modo de vida que hasta ahora hemos conocido en los pueblos de menos de 20.000 habitantes, especialmente de aquellos que no llegan a los 5.000. Lo más triste es que ha sucedido con el aplauso general de los ciudadanos, porque los que han pergeñado este atentado a la calidad de vida de los pequeños municipios han puesto un señuelo, en el que ha picado la generalidad de la opinión pública. En este tiempo de descredito de la política, qué más se quiere oír que la rebaja de los salarios de alcaldes y la reducción del número concejales. Lo que se desconoce es que esta Ley trae una auténtica carga de profundidad que va suponer una pauperización de los pueblos de menor tamaño. Es cierto que hacía falta una racionalización de los sueldos, pero el alcance que se propone va a ser bien limitado, ya que la mayoría de los concejales no cobra, como así no lo hacemos muchos alcaldes de municipios pequeños. Nunca esta Ley iba a reducir el número de concejales, aunque así se dijera hasta la saciedad; lo haría, en su caso, la modificación de la Ley Electoral, pero al final, ni eso, afortunadamente. Es decir, que de las dos medidas estrellas que se presumía que iba implicar esta reforma, una desaparece y la otra, la de los sueldos, queda muy mermada. Los principales perjudicados serán los alcaldes de los pueblos menores, que tendrán sueldos muy por debajo de los que podrían conseguir fuera de la política, con lo que se expulsará a los más aptos para ocupar esos cargos.
Veamos ahora qué cuestiones sí trae esta Reforma debajo del camuflaje de los sueldos. El Gobierno establecerá costes estándar de los servicios municipales; si los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no cumplen con estos estándares, será la Diputación o la Comunidad las que asuman dichos servicios. Parece que serán pocos los pueblos de menos de 20.000 los que puedan cumplir con los costes impuestos, ya que es sabido que prestar servicios en municipios pequeños es más caro que hacerlo en grandes poblaciones. Los ayuntamientos tendrán que ceder recursos y personal a la Comunidad para que los realice, creando una absoluta inseguridad laboral en aquellos trabajadores que haya que traspasar.
Aquellos servicios que no sean obligatorios, como puede ser el de biblioteca en los menores de 5.000, pueden desaparecer si el Interventor, no el político legítimamente elegido, entiende que no hay viabilidad financiera para mantenerlo. Serán muchos de estos servicios los que desaparecerán de los pequeños municipios, servicios a los que los habitantes están acostumbrados, y cuya eliminación supondrá una importante pérdida de calidad de vida. Se nos dice que con carácter preferente, entre otros servicios, la Comunidad asumirá en los pueblos de menos de 20.000 habitantes las instalaciones culturales y deportivas. Hasta ahora, el vecino, que no el trabajador municipal, puede pensar que a él le sigue pareciendo bien la Reforma, porque le da lo mismo que el servicio se lo preste el Ayuntamiento o la Comunidad. Sin embargo, no le parecerá tan bien cuando se entere de que las nuevas tasas no las fijará el Pleno, sino la Comunidad, y, por supuesto, ya garantizo que eso derivará en un importante aumento de los precios en muchos pueblos, y en Torrelaguna, seguro. Lo más probable que oculte esta Reforma es la privatización de la mayoría de los servicios municipales; la Comunidad asumirá un gran paquete de servicios de varias localidades que privatizará en bloque. Los polideportivos de Torremocha, Torrelaguna, y El Molar podrían pasar a ser prestados por una empresa privada, por ejemplo.
Se clarifican las competencias de Educación, que han de pasar, antes de cinco años, a las autonomías. Así los conserjes y el mantenimiento de los colegios y las escuelas infantiles dependerán de la Comunidad, pese a que ésta, por boca de su presidente, ya ha dicho que le será imposible. Ya anticipo que la calidad y exigencia que hoy se da en las escuelas infantiles bajará sensiblemente, como ya ha ocurrido en aquellas que se han privatizado, amén de la subida de las tasas.
Entre las medidas que contempla esta Reforma se encuentra la posible extinción de los pueblos de menos de 5.000 habitantes cuando un municipio haya tenido una evaluación negativa de sus servicios, o presente tres años seguidos un remanente negativo, o incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria. En ese caso, pasará a ser absorbido por mutuo acuerdo por un pueblo colindante, y si no lo hay, por el municipio cercano de mayor población (¿y si no lo hay?). Es decir, Torrelaguna, en caso de que incumpliera alguno de los supuestos, podría ser absorbido por Redueña con acuerdo, o por El Molar sin acuerdo. Si alguien no se cree lo que lee, sólo tiene que ir al artículo 61 bis. La Reforma tiene otros males, como es el cercenamiento de la autonomía local por vía de una intervención absoluta; pero, finalmente lo que traerá la Reforma es una pérdida de calidad de vida de las zonas rurales y una segura despoblación.
Habrá ampliación.
