Un principio democrático es evitar la concentración del poder. Con la Reforma de la Ley de Bases del Régimen Local lo que se pretende es suprimir o reducir considerablemente una Administración: la Local, en beneficio de la Autonómica. Es un mal extendido establecer una estructura jerárquica entra las distintas Administraciones que conforman el Estado, error en el que caen también demasiados políticos. En la cúspide estaría la Administración Central, en segundo lugar la Autonómica y en último lugar la Local. Un error. Son tres Administraciones, con diferentes competencias; que se complementan y que todas juntas forman la Administración del Estado. Confunden la capacidad de financiación con grados de importancia o de poder. Otra cosa muy distinta es el poder que detentan (**) en sentido estricto las comunidades en detrimento de los municipios, pero ese es un problema que tal vez requiera un artículo aparte. Con esta reforma se pretende aumentar, aún más, la concentración de competencias en detrimento de los ayuntamientos, en tal grado, que puede poner en peligro la viabilidad de los pequeños municipios. Que en el fondo es lo que desean algunos arbitristas del gobierno y de los medios de comunicación con posiciones más extremas. El pensamiento último, de estos, es eliminar todos aquellos municipios que no sean rentables. Pero habría que preguntarles cómo se va a medir esa rentabilidad. ¿Sólo con principios puramente contables? Entonces sobrarían la gran mayoría de los pueblos de España. Pura ingeniería social.
Si en la evaluación de rentabilidad se incluyeran otras variables, sin duda se encontrarían razones suficientes para no propiciar la eliminación de tantos municipios y pedanías o similares. Si se despoblasen todos los terrenos de España y se concentraran todos los habitantes en unas pocas poblaciones, se producirían efectos indeseados, como sería el abandono de campos, bosques, montañas y demás tierras agrestes, con consecuencias nefastas. Ya hemos visto que desde que no se explotan los bosques y no se limpian los lechos de los ríos; los incendios son más dañinos y las inundaciones más agresivas. Además se perdería un acervo histórico y cultural de incalculable valor. ¿Alguien se imagina la obra de Miguel Delibes sin estos pueblos que ahora algunos quieren hacer desaparecer? No sé si estos opinadores han valorado el tremendo rompimiento que pudiera producirse en muchas gentes de campo, al eliminarles su medio de vida; ¿tan difícil es comprender que no todos sirven para vivir en grandes ciudades?
Además, es un abuso y un engaño el querer hacer cargar a los pequeños municipios como causantes del gran agujero de la Administración. Más bien siempre han sido los paganos del abandono de las otras Administraciones y, en muchos casos, viven en condiciones bastantes modestas y con unos servicios, en nada envidiables. Claro que habrá habido excesos, pero como en todas las Administraciones. Hasta ahora no se ha oído hablar de evaluaciones de servicios ni de absorción de comunidades por esa orgía de aeropuertos, trenes de alta velocidad, y demás absurdas infraestructuras; pagadas también con los impuestos de los habitantes de los pequeños municipios.
Con la reforma, las corporaciones de los pequeños municipios quedan degradadas absolutamente, tanto, que, para lo que les va a quedar gestionar, tampoco parece que sea necesario el sufragio universal. Tan sólo van a tener que realizar una lista de servicios que les van a dictar desde la Comunidad, y para eso no hacen falta políticos, sino técnicos. La esencia del político es la capacidad de elegir o decidir, no tanto la ejecución. Es establecer las prioridades sobre un presupuesto finito. Si acierta en escoger las prioridades será avalado con los votos de los ciudadanos; y, si se equivoca, serán los vecinos los que le quitaran del cargo. No parece muy democrático que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se diga ahora, qué servicios pueden darse y cuáles no, y en qué condiciones. De lo que debería preocuparse este Ministerio, en todo caso, es en que no se caiga en endeudamiento. En eso estamos de acuerdo, pero no en cómo lo pretenden hacer. Un político de un pueblo pequeño puede decidir llevar en su programa el mantenimiento de una biblioteca pública, serán los vecinos los que valoren si quieren eso o no; lo que no es aceptable es que ahora una cuestión así se pueda decir desde otra Administración. Esto rompe el principio de subsidiaridad, que dice que los asuntos deben ser gestionados, siempre que sea posible, por la administración más cercana; ya que la cercanía a los problemas, da mayores garantías de que se acierte en la solución.
No es aceptable que por los casos de abusos, de excesos o de delitos de algunos munícipes, se pretenda tutelar a todos los miembros de la Administración Local, como si fueran unos incapacitados y unos sujetos proclives a cualquier corrupción. Desgraciadamente, estos males se pueden repartir entre las distintas Administraciones y nunca se ha planteado la eliminación de competencias o la ejecución de tutelas fuera de la Administración Local.
Subversión democrática en aras de la eficiencia
Uno de los principales argumentos que se utilizan para la justificación de esta reforma es la búsqueda de la eficiencia, pero por más que se van leyendo los distintos anteproyectos, más que la búsqueda de ésta, parece que lo que se pretende es la degradación de la Administración Local. La eficiencia es un principio que debe buscar obsesivamente el político, pero esta búsqueda no puede poner en peligro la democracia. Puede que, efectivamente, sea más barato que se pusiesen funcionarios en todos los órganos de las Administraciones, que fuesen estos trabajadores públicos escogidos por los principios de mérito y capacidad, los que gestionasen los distintos presupuestos, pero antes o después tendrían que tomar decisiones, y para eso nunca estarán investidos de la legitimidad, que sólo se puede obtener por los votos. Saltándose este principio democrático de la legitimidad obtenida por sufragio, el anteproyecto de ley dota de unos poderes excesivos a los interventores, que además del lógico control sobre la legalidad de los actos que realizan los políticos, les da también el control sobre la oportunidad de las decisiones políticas, lo cual subvierte el normal juego democrático. Por esta vía la reforma no será más eficiente, y aunque así lo fuera, no justificaría que la tecnocracia se imponga a la democracia.
Duplicidad de competencias
Otro argumento recurrente entre los defensores de la reforma es que ésta evitará la duplicación de competencias. Está claro que todo organismo debe revisar su funcionamiento si no quiere anquilosarse y dejar de ser útil. Sin duda, la crisis nos obliga a hacerlo con celeridad, pero eso no significa que se haga desde un Ministerio sin contar con los que se supone que algo tendrán que decir, que son los alcaldes y concejales. La reforma se impone, no se debate, en virtud a una inteligencia superior que reside en algún conciliábulo del Ministerio.
Es muy probable que los que están en la redacción de este anteproyecto desconozcan profundamente lo que es la vida y la complejidad de los pequeños municipios, porque nadie que lo conozca puede proponer lo que se está proponiendo. Con el articulado del anteproyecto se pierde una oportunidad de clarificar las competencias y la financiación de éstas. Duplicidades que en los ayuntamientos pequeños no existen y que serán mínimas en aquellas localidades donde las haya. Evitar estas supuestas duplicidades no conseguirá apenas ningún ahorro. Lo que si existe es una complejidad en la prestación de los servicios de algunas competencias.
Así es difícil entender que sean los ayuntamientos los que paguen el mantenimiento, la electricidad, los combustibles y a los conserjes de los colegios, donde todo lo demás está a cargo de la Comunidad, ¿dónde está aquí la duplicidad? No hay competencia entre ayuntamiento y comunidad por ver quién echa antes el carburante en la caldera; lo que si hay es un lío, y además muy injusto. Ya que dependiendo del colegio que tenga el municipio, que sea más o menos nuevo, que tenga más o menos calidades constructivas, de que sea más o menos eficiente energéticamente; así gastará más o menos el municipio en su mantenimiento. Casos como éste son los que debería evitar la reforma y clarificar quién debe dar el servicio íntegro; pero teniendo claro todos, que nunca será por evitar una duplicidad sino una complejidad. Evitar la confusión en la financiación de casos como el de la Educación parecía que se hacía imprescindible, máxime cuando se decide emprender una reforma tan ambiciosa.
De la lectura del anteproyecto nada se aclara, todo sigue más o menos igual; o como piensa más de uno, se complica aún más, ya que serán las comunidades las que en un periodo de cinco años se encargarán íntegramente de la gestión, pero los ayuntamientos deberán seguir pagando el mantenimiento. De cómo se hará esto nada se sabe.
Privatización de servicios
La reforma facultará al Ministerio para que establezca los costes estándar de los servicios municipales, y aquellos ayuntamientos que no cumplan con estos costes, tendrán que dejar de prestarlos y serán las diputaciones, o las comunidades las que asuman estos servicios. Parece que serán pocos los pueblos de menos de 20.000 que puedan estar por debajo de estos costes, ya que es sabido que prestar servicios en pueblos pequeños es más caro que hacerlo en grandes poblaciones. Las diputaciones o las comunidades asumirán así un gran paquete de servicios de los municipios. Es más que previsible que estos se privaticen en bloque, para aplicar economías de escala. Este objetivo oculto sí que es uno de los motores de esta reforma, y no otros que se manejan para engañar a los vecinos.
Esta privatización, con toda seguridad traerá aparejada una pérdida de calidad de los servicios y un encarecimiento de las tasas, que con la reforma las fijarán las comunidades o diputaciones y no los ayuntamientos. Ya se sabe que cuanto más alejado esté el político del vecino, más fácil le será tomar decisiones impopulares.
Los municipios, en búsqueda de la eficiencia, cuando se han visto incapaces de prestar un servicio necesario, se han organizado para mancomunarlo. Hay mucho que mejorar y modificar en las mancomunidades, y en eso se debería ocupar la reforma; pero lo que ésta propone es la práctica desaparición de estas entidades en beneficio las diputaciones. Este camino que parece ser el más inteligente y por el que se debería apostar, queda prácticamente abortado en el anteproyecto.
La ineficaz financiación de los ayuntamientos
Otra oportunidad perdida en esta reforma es lo que se refiere a la financiación local, que más que insuficiente, que también, es ineficaz e injusta. Una gran parte de los ayuntamientos están ya tutelados por vía de las subvenciones, un sistema injusto y proclive a todo tipo de trapacerías políticas por parte de quien las reparte. La financiación por vía de la subvención es además un sistema ineficaz, ya que obliga a todos los ayuntamientos a emplear muchas energías en la elaboración de los concursos, sin saber si finalmente podrán disponer de esos fondos. Los ayuntamientos no deberían concurrir públicamente ni mendigar entre las distintas consejerías. Las corporaciones municipales deberían poder gestionar unos ingresos suficientes y fijos; lo que les permitiría algo tan importante como es la planificación. Con el sistema de subvenciones el intentar planificar es una quimera, ya que nunca se sabe si te darán fondos y si estos se repetirán en el tiempo. El municipalismo no es subvencionable, en la actualidad, en muchas ocasiones el político municipal no rinde cuentas ante la ciudadanía sino ante un Director de Departamento. La Administración Local española está tutelada políticamente y subvencionada financieramente, lo cual es incompatible con la democracia y la Constitución.
La reforma de la Ley de Bases del Régimen Local es un cúmulo de engaños: ahorros, eficiencia, eliminación de duplicidades… con brindis al sol como la reducción de salarios de alcaldes y concejales. Es una subversión democrática con la reducción del poder local a favor de los técnicos y otras administraciones. Y una ocasión perdida para clarificar las competencias entre las distintas administraciones y estudiar una nueva financiación que garantice su ejecución.
(*) Para la realización de este artículo se han recogido algunas opiniones vertidas por Manuel Zafra Víctor en la II Conferencia de Pequeños Municipios del PSM. Manuel Zafra Víctor ha sido director general de Cooperación Local en el Ministerio de Administraciones Públicas (2004-2007), director general de Administración Local en la Junta de Andalucía (2008-2010). Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada.
(**) Detentar: Poseer o retener algo ilegítimamente.
