Los ayuntamientos quebrados

Son muchos los pueblos que están en una situación económica inviable, que hace imposible que desarrollen las competencias que la legislación les obliga. La culpa de haber llegado a esta situación, es fundamentalmente de los gobernantes que los han dirigido. Gobernantes que llegaron a sus puestos, en muchas ocasiones, con amplios apoyos populares; y revalidados elección tras elección. Por tanto, es complicado exonerar de parte de culpa a sus vecinos. También ha habido otros coadyuvantes que han facilitado esta situación, como pudieran ser las comunidades autonómicas que financiaron proyectos sin memorias económicas, que analizasen la viabilidad financiera; los organismos encargados de fiscalizar las cuentas, que son demasiado lentos y poco exhaustivos; los distintos gobiernos centrales que nunca afrontaron la cuestión de la financiación municipal; algunos medios de comunicación que rieron las gracias que luego criticaron; o las oposiciones inoperantes (aunque en muchas ocasiones es complicada esta tarea ante la opacidad informativa que se practica en muchos ayuntamientos). Todos estos colaboradores necesarios no pueden, sin embargo, atenuar la culpa de los principales responsables: los equipos de gobierno.

Una vez llegados a la actual situación de quiebra no vale sólo con escandalizarse, con denunciar con saña lo que antes se aplaudía. Muchos de los que ahora se arremolinan para gritar «chorizo» al político caído en desgracia, son con frecuencia los mismos que les votaron acríticamente una y otra vez, o que les reían las gracias en los baños de masas, ¡cómo no recordar a ese alcalde que prometía la playa en tierra adentro entre un mar de risas! Muchos medios de comunicación que ahora ridiculizan los excesos, no tenían tanta clarividencia hace unos años; lo que ahora se ve como despilfarro, tal vez no hace mucho se veía como buenas inversiones que traerían el progreso. ¿Alguien recuerda artículos críticos con las radiales de Madrid antes del desplome? Otros gobernantes, con un mayor sentido del deber y de la buena administración fueron, tal vez criticados por pacatos en el gasto o en la inversión, seguro que comparándoles con los pueblos vecinos en donde crecían las infraestructuras como hongos. A estos alcaldes, ni entonces ni ahora, nadie les agradecerá su templanza.

Una vez analizadas las causas del agujero económico, de criticar las decisiones erróneas, de iniciar los procedimientos judiciales que sean pertinentes; hay que dar una solución a los ayuntamientos arruinados. No por más tiempo se debe prorrogar la situación de los municipios quebrados, que se ven imposibilitados de desempeñar sus obligaciones competenciales. La solución no puede venir por la asunción del Estado de las deudas generadas y después borrón y cuenta nueva. Eso supondría una tremenda injusticia en relación con los ayuntamientos que han sido bien gestionados. Además, se estaría potenciando eso que los economistas llaman «riesgo moral», que es cuando se asumen decisiones muy arriesgadas cuando se sabe que las posibles consecuencias negativas no serán asumidas por quien las toma, sino por terceros. Si esto ocurriera además de santificar la injusticia, estaríamos promoviendo a políticos irresponsables.

Sin duda el Estado tendrá que intervenir para que estos ayuntamientos puedan dar los servicios mínimos a los que están obligados, no se puede tener un sentido de la justicia tan vengativo como para dejar que muchas personas queden sin sus servicios básicos; pues sería como aceptar la muerte administrativa de estos municipios. Pero la actuación «salvadora» del Estado no puede ser sin coste. Es posible que haya que crear un plan de viabilidad para los ayuntamientos arruinados, pero este debe contemplar fuertes contrapartidas; que en muchos casos pasarán por la inevitable subida de impuestos y tasas, por un recorte drástico de gastos suntuarios, desgraciadamente por la reducción de plantillas infladas; y por la devolución parcial de la cantidad que se les preste, intentando que sea en las mejores condiciones financieras posibles. Será inevitable que los vecinos perciban las consecuencias de una mala elección: votar a gobernantes equivocados, desgraciadamente no podrá ser de otra manera.

Hay que ser conscientes que una intervención del gobierno central es complicada, ya que el Estado debe reducir su déficit para cumplir con Europa, pero no se puede seguir cerrando los ojos a la realidad de los municipios inviables. Hay ayuntamientos con deudas muy superiores a sus presupuestos, lo que hace que sea imposible una salida por sus propios medios. Tal vez, lo primero que haya que hacer será cuantificar cuál es la deuda real de estos ayuntamientos para empezar a buscar las posibles soluciones; sin duda complicadas, pero imprescindibles.

Benevolencia, justicia y responsabilidad deberán ser los ejes que guíen la recuperación de los ayuntamientos quebrados.

El PRISMA, un auténtico despropósito

El Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) es la principal fuente de inversión de los municipios para realizar infraestructuras, son varios los que se han realizado, siendo el vigente el que ha reunido todos los despropósitos posibles. Todas las administraciones hemos sufrido el mordisco de la crisis, de todos es conocido la falta de liquidez de las instituciones, pero la gestión de este programa excede de toda comprensión. El PRISMA actual es el que se debería haber ejecutado entre los años 2008 y 2011; ya estamos en 2016 y está previsto prorrogarlo hasta septiembre de este año. Es decir habrán pasado casi cinco años del límite establecido para finiquitar el programa. Y viendo como ha funcionado hasta ahora, no sería nada descartable que hubiera nuevas prórrogas. Pero con parecer esto escandaloso, a mi entender no es lo peor, otras cuestiones han hecho de este Programa algo administrativamente intolerable.

Es la primera ocasión en que se ha quitado la gestión de las actuaciones a los ayuntamientos. En anteriores PRISMA las corporaciones aprobaban las actuaciones, realizaban las concesiones y controlaban las obras en un tiempo razonable y con un resultado más que satisfactorio. Una vez terminada la actuación estaban obligados a justificar, ante la Comunidad, los gastos realizados. Un sistema de éxito, que se cambia para pasar toda la gestión a a la Comunidad, en el que a través de su empresa pública ARPEGIO, administra todas las intervenciones. La razón era la búsqueda de una presunta eficiencia que se ha demostrado falaz. No sólo no se ha conseguido lo que se pretendía, sino que esta empresa se ha visto envuelta en casos de corrupción, que se encuentran investigando.

Otro mal endémico de estos planes es su opacidad, es imposible conocer los criterios con que se determina las cuantías que corresponde a cada pueblo; algo que en principio parece de toda lógica. Es imposible conocer el criterio por el que se van dando de alta actuaciones en los distintos pueblos; supongo porque sencillamente es inconfesable, aunque fácil de comprender. Sólo se puede entender en base a la afinidad política de los distintos gobiernos locales con respecto al responsable de de la gestión del PRISMA. Igualmente ha sido imposible, pese a las preguntas parlamentarias del PSOE-M, conocer cuántas han sido las altas aprobadas y el grado de realización de las mismas, algo que es bien sencillo, y que debería ser una información que se debería rendir de oficio; pues no, obscuridad total.

Pero cuando creíamos que en este PRISMA ya se habían visto todas las anomalías posibles, se ha cometido con el decreto de terminación y liquidación del mismo, el mayor atropello posible. En primer lugar hay pueblos que se quedan sin su financiación por no haber aprobado las actuaciones antes del 30 de diciembre de 2015. Puede que en algunos municipios, el no haber aprobado las actuaciones, sea achacable al mal funcionamiento de sus equipos de gobierno; pero en la mayoría de los casos, la razón es la falta de información y asesoramiento, lo cual no deja de ser un atropello. Debería la Dirección General de la Administración Local haber asesorado convenientemente a los municipios que estaban teniendo dificultades para la aprobación de sus inversiones; ya que no son muchas las fuentes de financiación de los ayuntamientos para éstas, y el castigo que sufren los vecinos es excesivo, por torpes que sean sus políticos. Pero lo peor no es esta exclusión, sino lo que va a ocurrir con los remanentes, que no volverán a los municipios. El remanente es la diferencia entre la cantidad inicial aprobada en una licitación y la cantidad con la que finalmente se adjudica. Estas diferencias suelen ser bastante importantes, debido a que durante estos años las empresas han ido a la baja en los concursos públicos.

Lo grave es que no todos los ayuntamientos se van a quedar sin los remanentes, sólo aquellos que todavía no tengan realizadas las inversiones. Es decir, que se castiga al perjudicado en un increíble y novedoso principio de justicia. Aquellos pueblos en que sus vecinos ya disfrutan de las inversiones, porque desde la Dirección General se haya decidido hacerlas antes que en otros pueblos, por pura discrecionalidad, además disfrutarán al 100% de sus remanentes; mientras aquellos municipios que todavía no tienen realizadas las actuaciones aprobadas, por ineptitud de la Comunidad (o por algo peor) encima se les castiga quitándoles sus remanentes. Remanentes que son derechos adquiridos de los vecinos, y que no se sabe porque principio administrativo eliminan. Injusticia sobre injusticia.

Lo peor es que ya se ha anunciado el nuevo PRISMA y parece que muchos de los defectos que hemos padecido se van a repetir, ya se han iniciado reuniones de alcaldes con los responsables de la Comunidad y ya se empieza a oír que habrá compensaciones (?). Verdaderamente se va a hacer insoportable que el nuevo programa de inversión no se haga con absoluta transparencia, aunque todo parece que va ir por el mismo camino. Tan sólo proponen cambiarle el nombre, ya que el estigma que arrastra el aún vigente parece que así lo aconseja. Cuando a algo que no funciona sólo se le cambia el nombre creyendo que con eso se aventa el mal, se está poniendo la primera piedra de un nuevo fracaso.