El cortoplacismo, una perversión democrática

Aceptando sin ningún tipo de reservas que el sistema democrático es el mejor sistema inventado, y en el que quisiera vivir toda mi vida, no dejo de comprobar, por mi experiencia política, que encierra algunas perversiones. Una de ellas es el cortoplacismo en la toma de decisiones. La pregunta es por qué se da tan repetidamente esta situación. Una respuesta plausible estaría en el sistema de elecciones cada cuatro años; ya que ese será el plazo en el que gravitará toda la actividad política de un partido, y constreñirá decisiones de gran calado a ese tiempo, pese a que las consecuencias pudieran exceder ese periodo.

En principio, es un tiempo más que considerable para la gran mayoría de las decisiones que hay que adoptar en política, pero no lo es tanto para una planificación de desarrollo estructural que, necesariamente, ejercerá su influencia en un periodo de tiempo más largo. Un caso claro de esto lo podemos ver en las inversiones en infraestructuras, pero no sólo; hay otras políticas que requieren de unos tiempos mayores que los que nos marcan las legislaturas democráticas, como pueden ser las que afectan al sistema productivo o a la Educación. En España, vemos que ningún partido, ante las exigencias de la crisis –los recortes-, invierte en Investigación y Desarrollo, dejándolo para los tiempos de bonanza. Se echan de menos políticas de Estado para solucionar cuestiones que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, es un dolor comprobar que la alternancia de gobierno viene acompañada de un cambio en la ley que regulará la Educación. No se pueden entender las alocadas políticas de infraestructuras llevadas a cabo por todas las administraciones, especialmente en las comunidades autónomas. Es decir, se aplican políticas coyunturales que dan escasos o contraproducentes resultados, en vez de tener una planificación a largo plazo, que sea –dentro de lo posible– inmune a los vaivenes políticos, a los lógicos cambios de partidos en el gobierno.

La gobernanza en los sistemas democráticos se ve debilitada por el exceso de cortoplacismo que aplican los partidos en su quehacer diario. Ese cortoplacismo está alimentado por la necesidad imperiosa que tiene esa organización en ganar las siguientes elecciones. Como dicen Nicolas Berggruen y Nathan Gardels en Gobernanza inteligente para el siglo XX: «la política se ha convertido en algo que gira en torno a las próximas elecciones en lugar de la próxima generación». Realmente es difícil que exijamos a los partidos que luchen contra su propio ser, los partidos son organizaciones que tienen como objetivo la consecución del gobierno para aplicar sus políticas; y todas las fuerzas internas irán en pro de ese objetivo. Si existiera alguna fuerza que aconsejara mesura, que propusiera medidas poco electoralistas, toda la organización tenderá no sólo a obviarlas, sino a ocultarlas. A ningún partido le suele gustar suicidarse. Tal vez esta actitud pueda ir contra la ética, pero no contra la esencia de los partidos.

Un caso preclaro de esta actitud es la que mantuvo el PP en las Elecciones Generales de 2011, en donde propusieron un programa electoral que ha sido prácticamente incumplido metódicamente. Es imposible que pudieran alegar desconocimiento de la situación en que deberían gobernar, porque cualquier persona medianamente informada sabía perfectamente en qué escenario se iban a mover. Sencillamente tenían que ganar unas alecciones que tenían en la palma de la mano y no las iban a dejar a escapara asustando a los votantes con el programa oculto, que sí sabían que tendrían que desarrollar.

Si el PSOE hubiera mirado a largo plazo, nunca hubiera adoptado algunas políticas fiscales que se llevaron a cabo en el periodo de bonanza económica. Fue cuando se dijo aquello de que bajar los impuestos era de izquierdas. Bajar impuestos nunca es de izquierdas, es una política de derechas. Para la izquierda, la política impositiva es sólo un instrumento que sirve para recaudar los ingresos suficientes para poder prestar los servicios que se estimen necesarios para las políticas sociales clásicas de estas formaciones. Mucho más ambiciosas en la izquierda que en la derecha, y por eso los impuestos siempre serán más altos con los partidos de izquierda que con los de la derecha. Renegar de esto es tirar nuestra ideología por la ventana. El hecho de que hablemos de los impuestos de manera vergonzante es porque sabemos que la ciudadanía exige unos servicios que se niega a pagar con unos impuestos proporcionales, como dicen los citados autores en la obra ya mencionada. Otra cuestión es analizar qué Estado de Bienestar nos podemos permitir para que la carga impositiva no lastre la viabilidad económica de un país, en un mundo globalizado y muy competitivo. Porque hay cierta tendencia en la izquierda a confundir, en ocasiones, la defensa de ciertos privilegios con un Estado de Bienestar razonable; pero eso sería materia para otro artículo.

Una política anticíclica en el PSOE hubiera sido mantener los impuestos y haber evitado alegrías como el cheque bebé, ya que en bonanza es cuando menos cuesta pagar impuestos y servicios, para hacer hucha, para generar las suficientes reservas para cuando la economía se deteriora. Si se hubiera hecho eso, que desde época bíblica se nos aconseja, tal vez el gobierno no tendría que haber realizado los fuertes recortes que le impusieron; ya que hubiéramos tirado de los ahorros, que para eso deben estar y no para hacer estúpidas infraestructuras (las que lo sean), que son un despilfarro y un constante desangramiento por la vía de mantenimientos e intereses. Aquellos recortes en contra del programa socialista nos llevaron a perder las elecciones y quedó el partido en una difícil encrucijada. Es cierto que había superávit cuando todo empezó a ir mal, pero mayor sería si se hubieran mantenido los impuestos; y otra cuestión es cómo se debió emplear ese superávit para reanimar la economía.

Una vez más el cortoplacismo impidió tomar una medida previsora, ya que parece que ningún político es capaz de generar reservas, no sea que las que se hagan las puedan disfrutar otros políticos de otra formación. Sólo los políticos que son capaces de romper estas tendencias partidarias se les puede considerar estadistas, y la verdad es que esto no se estila en la política actual. Una posible explicación es que demasiada gente hace de la política su medio de vida, se profesionaliza, y por tanto el afianzarse en el puesto mediante la consecución de una victoria electoral se hace imprescindible. Es tan humano como contraproducente. Tal vez la limitación de mandatos podría paliar esta situación, aunque no estoy del todo convencido. Lo cierto es que una excesiva profesionalización de la política puede llevar a tomar decisiones más partidistas que estadistas. Es un mal que debemos examinar en los partidos y dar respuestas inmediatas; o más pronto que tarde dejaremos de interesar a los ciudadanos. O puede que ocurra algo peor, que estos se echen en brazos de partidos populistas de toda clase y condición, que pudieran poner en peligro mismo la democracia.

Lo que la reforma de la Adminsitración Local oculta (II) (*)

Un principio democrático es evitar la concentración del poder. Con la Reforma de la Ley de Bases del Régimen Local lo que se pretende es suprimir o reducir considerablemente una Administración: la Local, en beneficio de la Autonómica. Es un mal extendido establecer una estructura jerárquica entra las distintas Administraciones que conforman el Estado, error en el que caen también demasiados políticos. En la cúspide estaría la Administración Central, en segundo lugar la Autonómica y en último lugar la Local. Un error. Son tres Administraciones, con diferentes competencias; que se complementan y que todas juntas forman la Administración del Estado. Confunden la capacidad de financiación con grados de importancia o de poder. Otra cosa muy distinta es el poder que detentan (**) ­en sentido estricto­ las comunidades en detrimento de los municipios, pero ese es un problema que tal vez requiera un artículo aparte. Con esta reforma se pretende aumentar, aún más, la concentración de competencias en detrimento de los ayuntamientos, en tal grado, que puede poner en peligro la viabilidad de los pequeños municipios. Que en el fondo es lo que desean algunos arbitristas del gobierno y de los medios de comunicación con posiciones más extremas. El pensamiento último, de estos, es eliminar todos aquellos municipios que no sean rentables. Pero habría que preguntarles cómo se va a medir esa rentabilidad. ¿Sólo con principios puramente contables? Entonces sobrarían la gran mayoría de los pueblos de España. Pura ingeniería social.

Si en la evaluación de rentabilidad se incluyeran otras variables, sin duda se encontrarían razones suficientes para no propiciar la eliminación de tantos municipios y pedanías o similares. Si se despoblasen todos los terrenos de España y se concentraran todos los habitantes en unas pocas poblaciones, se producirían efectos indeseados, como sería el abandono de campos, bosques, montañas y demás tierras agrestes, con consecuencias nefastas. Ya hemos visto que desde que no se explotan los bosques y no se limpian los lechos de los ríos; los incendios son más dañinos y las inundaciones más agresivas. Además se perdería un acervo histórico y cultural de incalculable valor. ¿Alguien se imagina la obra de Miguel Delibes sin estos pueblos que ahora algunos quieren hacer desaparecer? No sé si estos opinadores han valorado el tremendo rompimiento que pudiera producirse en muchas gentes de campo, al eliminarles su medio de vida; ¿tan difícil es comprender que no todos sirven para vivir en grandes ciudades?

Además, es un abuso y un engaño el querer hacer cargar a los pequeños municipios como causantes del gran agujero de la Administración. Más bien siempre han sido los paganos del abandono de las otras Administraciones y, en muchos casos, viven en condiciones bastantes modestas y con unos servicios, en nada envidiables. Claro que habrá habido excesos, pero como en todas las Administraciones. Hasta ahora no se ha oído hablar de evaluaciones de servicios ni de absorción de comunidades por esa orgía de aeropuertos, trenes de alta velocidad, y demás absurdas infraestructuras; pagadas también con los impuestos de los habitantes de los pequeños municipios.

Con la reforma, las corporaciones de los pequeños municipios quedan degradadas absolutamente, tanto, que, para lo que les va a quedar gestionar, tampoco parece que sea necesario el sufragio universal. Tan sólo van a tener que realizar una lista de servicios que les van a dictar desde la Comunidad, y para eso no hacen falta políticos, sino técnicos. La esencia del político es la capacidad de elegir o decidir, no tanto la ejecución. Es establecer las prioridades sobre un presupuesto finito. Si acierta en escoger las prioridades será avalado con los votos de los ciudadanos; y, si se equivoca, serán los vecinos los que le quitaran del cargo. No parece muy democrático que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se diga ahora, qué servicios pueden darse y cuáles no, y en qué condiciones. De lo que debería preocuparse este Ministerio, en todo caso, es en que no se caiga en endeudamiento. En eso estamos de acuerdo, pero no en cómo lo pretenden hacer. Un político de un pueblo pequeño puede decidir llevar en su programa el mantenimiento de una biblioteca pública, serán los vecinos los que valoren si quieren eso o no; lo que no es aceptable es que ahora una cuestión así se pueda decir desde otra Administración. Esto rompe el principio de subsidiaridad, que dice que los asuntos deben ser gestionados, siempre que sea posible, por la administración más cercana; ya que la cercanía a los problemas, da mayores garantías de que se acierte en la solución.

No es aceptable que por los casos de abusos, de excesos o de delitos de algunos munícipes, se pretenda tutelar a todos los miembros de la Administración Local, como si fueran unos incapacitados y unos sujetos proclives a cualquier corrupción. Desgraciadamente, estos males se pueden repartir entre las distintas Administraciones y nunca se ha planteado la eliminación de competencias o la ejecución de tutelas fuera de la Administración Local.

Subversión democrática en aras de la eficiencia

Uno de los principales argumentos que se utilizan para la justificación de esta reforma es la búsqueda de la eficiencia, pero por más que se van leyendo los distintos anteproyectos, más que la búsqueda de ésta, parece que lo que se pretende es la degradación de la Administración Local. La eficiencia es un principio que debe buscar obsesivamente el político, pero esta búsqueda no puede poner en peligro la democracia. Puede que, efectivamente, sea más barato que se pusiesen funcionarios en todos los órganos de las Administraciones, que fuesen estos trabajadores públicos escogidos por los principios de mérito y capacidad, los que gestionasen los distintos presupuestos, pero antes o después tendrían que tomar decisiones, y para eso nunca estarán investidos de la legitimidad, que sólo se puede obtener por los votos. Saltándose este principio democrático de la legitimidad obtenida por sufragio, el anteproyecto de ley dota de unos poderes excesivos a los interventores, que además del lógico control sobre la legalidad de los actos que realizan los políticos, les da también el control sobre la oportunidad de las decisiones políticas, lo cual subvierte el normal juego democrático. Por esta vía la reforma no será más eficiente, y aunque así lo fuera, no justificaría que la tecnocracia se imponga a la democracia.

Duplicidad de competencias

Otro argumento recurrente entre los defensores de la reforma es que ésta evitará la duplicación de competencias. Está claro que todo organismo debe revisar su funcionamiento si no quiere anquilosarse y dejar de ser útil. Sin duda, la crisis nos obliga a hacerlo con celeridad, pero eso no significa que se haga desde un Ministerio sin contar con los que se supone que algo tendrán que decir, que son los alcaldes y concejales. La reforma se impone, no se debate, en virtud a una inteligencia superior que reside en algún conciliábulo del Ministerio.

Es muy probable que los que están en la redacción de este anteproyecto desconozcan profundamente lo que es la vida y la complejidad de los pequeños municipios, porque nadie que lo conozca puede proponer lo que se está proponiendo. Con el articulado del anteproyecto se pierde una oportunidad de clarificar las competencias y la financiación de éstas. Duplicidades que en los ayuntamientos pequeños no existen y que serán mínimas en aquellas localidades donde las haya. Evitar estas supuestas duplicidades no conseguirá apenas ningún ahorro. Lo que si existe es una complejidad en la prestación de los servicios de algunas competencias.

Así es difícil entender que sean los ayuntamientos los que paguen el mantenimiento, la electricidad, los combustibles y a los conserjes de los colegios, donde todo lo demás está a cargo de la Comunidad, ¿dónde está aquí la duplicidad? No hay competencia entre ayuntamiento y comunidad por ver quién echa antes el carburante en la caldera; lo que si hay es un lío, y además muy injusto. Ya que dependiendo del colegio que tenga el municipio, que sea más o menos nuevo, que tenga más o menos calidades constructivas, de que sea más o menos eficiente energéticamente; así gastará más o menos el municipio en su mantenimiento. Casos como éste son los que debería evitar la reforma y clarificar quién debe dar el servicio íntegro; pero teniendo claro todos, que nunca será por evitar una duplicidad sino una complejidad. Evitar la confusión en la financiación de casos como el de la Educación parecía que se hacía imprescindible, máxime cuando se decide emprender una reforma tan ambiciosa.

De la lectura del anteproyecto nada se aclara, todo sigue más o menos igual; o como piensa más de uno, se complica aún más, ya que serán las comunidades las que en un periodo de cinco años se encargarán íntegramente de la gestión, pero los ayuntamientos deberán seguir pagando el mantenimiento. De cómo se hará esto nada se sabe.

Privatización de servicios

La reforma facultará al Ministerio para que establezca los costes estándar de los servicios municipales, y aquellos ayuntamientos que no cumplan con estos costes, tendrán que dejar de prestarlos y serán las diputaciones, o las comunidades las que asuman estos servicios. Parece que serán pocos los pueblos de menos de 20.000 que puedan estar por debajo de estos costes, ya que es sabido que prestar servicios en pueblos pequeños es más caro que hacerlo en grandes poblaciones. Las diputaciones o las comunidades asumirán así un gran paquete de servicios de los municipios. Es más que previsible que estos se privaticen en bloque, para aplicar economías de escala. Este objetivo oculto sí que es uno de los motores de esta reforma, y no otros que se manejan para engañar a los vecinos.

Esta privatización, con toda seguridad traerá aparejada una pérdida de calidad de los servicios y un encarecimiento de las tasas, que con la reforma las fijarán las comunidades o diputaciones y no los ayuntamientos. Ya se sabe que cuanto más alejado esté el político del vecino, más fácil le será tomar decisiones impopulares.

Los municipios, en búsqueda de la eficiencia, cuando se han visto incapaces de prestar un servicio necesario, se han organizado para mancomunarlo. Hay mucho que mejorar y modificar en las mancomunidades, y en eso se debería ocupar la reforma; pero lo que ésta propone es la práctica desaparición de estas entidades en beneficio las diputaciones. Este camino que parece ser el más inteligente y por el que se debería apostar, queda prácticamente abortado en el anteproyecto.

La ineficaz financiación de los ayuntamientos

Otra oportunidad perdida en esta reforma es lo que se refiere a la financiación local, que más que insuficiente, que también, es ineficaz e injusta. Una gran parte de los ayuntamientos están ya tutelados por vía de las subvenciones, un sistema injusto y proclive a todo tipo de trapacerías políticas por parte de quien las reparte. La financiación por vía de la subvención es además un sistema ineficaz, ya que obliga a todos los ayuntamientos a emplear muchas energías en la elaboración de los concursos, sin saber si finalmente podrán disponer de esos fondos. Los ayuntamientos no deberían concurrir públicamente ni mendigar entre las distintas consejerías. Las corporaciones municipales deberían poder gestionar unos ingresos suficientes y fijos; lo que les permitiría algo tan importante como es la planificación. Con el sistema de subvenciones el intentar planificar es una quimera, ya que nunca se sabe si te darán fondos y si estos se repetirán en el tiempo. El municipalismo no es subvencionable, en la actualidad, en muchas ocasiones el político municipal no rinde cuentas ante la ciudadanía sino ante un Director de Departamento. La Administración Local española está tutelada políticamente y subvencionada financieramente, lo cual es incompatible con la democracia y la Constitución.

La reforma de la Ley de Bases del Régimen Local es un cúmulo de engaños: ahorros, eficiencia, eliminación de duplicidades… con brindis al sol como la reducción de salarios de alcaldes y concejales. Es una subversión democrática con la reducción del poder local a favor de los técnicos y otras administraciones. Y una ocasión perdida para clarificar las competencias entre las distintas administraciones y estudiar una nueva financiación que garantice su ejecución.

(*) Para la realización de este artículo se han recogido algunas opiniones vertidas por Manuel Zafra Víctor en la II Conferencia de Pequeños Municipios del PSM. Manuel Zafra Víctor ha sido director general de Cooperación Local en el Ministerio de Administraciones Públicas (2004-2007), director general de Administración Local en la Junta de Andalucía (2008-2010). Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada.

(**) Detentar: Poseer o retener algo ilegítimamente.

Lo que la reforma de la Administración Local oculta

Con la aprobación, por el Consejo de Ministros, del anteproyecto de la Reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, se ha iniciado el proceso que acabará con el modo de vida que hasta ahora hemos conocido en los pueblos de menos de 20.000 habitantes, especialmente de aquellos que no llegan a los 5.000. Lo más triste es que ha sucedido con el aplauso general de los ciudadanos, porque los que han pergeñado este atentado a la calidad de vida de los pequeños municipios han puesto un señuelo, en el que ha picado la generalidad de la opinión pública. En este tiempo de descredito de la política, qué más se quiere oír que la rebaja de los salarios de alcaldes y la reducción del número concejales. Lo que se desconoce es que esta Ley trae una auténtica carga de profundidad que va suponer una pauperización de los pueblos de menor tamaño. Es cierto que hacía falta una racionalización de los sueldos, pero el alcance que se propone va a ser bien limitado, ya que la mayoría de los concejales no cobra, como así no lo hacemos muchos alcaldes de municipios pequeños. Nunca esta Ley iba a reducir el número de concejales, aunque así se dijera hasta la saciedad; lo haría, en su caso, la modificación de la Ley Electoral, pero al final, ni eso, afortunadamente. Es decir, que de las dos medidas estrellas que se presumía que iba implicar esta reforma, una desaparece y la otra, la de los sueldos, queda muy mermada. Los principales perjudicados serán los alcaldes de los pueblos menores, que tendrán sueldos muy por debajo de los que podrían conseguir fuera de la política, con lo que se expulsará a los más aptos para ocupar esos cargos.

Veamos ahora qué cuestiones sí trae esta Reforma debajo del camuflaje de los sueldos. El Gobierno establecerá costes estándar de los servicios municipales; si los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no cumplen con estos estándares, será la Diputación o la Comunidad las que asuman dichos servicios. Parece que serán pocos los pueblos de menos de 20.000 los que puedan cumplir con los costes impuestos, ya que es sabido que prestar servicios en municipios pequeños es más caro que hacerlo en grandes poblaciones. Los ayuntamientos tendrán que ceder recursos y personal a la Comunidad para que los realice, creando una absoluta inseguridad laboral en aquellos trabajadores que haya que traspasar.

Aquellos servicios que no sean obligatorios, como puede ser el de biblioteca en los menores de 5.000, pueden desaparecer si el Interventor, no el político legítimamente elegido, entiende que no hay viabilidad financiera para mantenerlo. Serán muchos de estos servicios los que desaparecerán de los pequeños municipios, servicios a los que los habitantes están acostumbrados, y cuya eliminación supondrá una importante pérdida de calidad de vida. Se nos dice que con carácter preferente, entre otros servicios, la Comunidad asumirá en los pueblos de menos de 20.000 habitantes las instalaciones culturales y deportivas. Hasta ahora, el vecino, que no el trabajador municipal, puede pensar que a él le sigue pareciendo bien la Reforma, porque le da lo mismo que el servicio se lo preste el Ayuntamiento o la Comunidad. Sin embargo, no le parecerá tan bien cuando se entere de que las nuevas tasas no las fijará el Pleno, sino la Comunidad, y, por supuesto, ya garantizo que eso derivará en un importante aumento de los precios en muchos pueblos, y en Torrelaguna, seguro. Lo más probable que oculte esta Reforma es la privatización de la mayoría de los servicios municipales; la Comunidad asumirá un gran paquete de servicios de varias localidades que privatizará en bloque. Los polideportivos de Torremocha, Torrelaguna, y El Molar podrían pasar a ser prestados por una empresa privada, por ejemplo.

Se clarifican las competencias de Educación, que han de pasar, antes de cinco años, a las autonomías. Así los conserjes y el mantenimiento de los colegios y las escuelas infantiles dependerán de la Comunidad, pese a que ésta, por boca de su presidente, ya ha dicho que le será imposible. Ya anticipo que la calidad y exigencia que hoy se da en las escuelas infantiles bajará sensiblemente, como ya ha ocurrido en aquellas que se han privatizado, amén de la subida de las tasas.

Entre las medidas que contempla esta Reforma se encuentra la posible extinción de los pueblos de menos de 5.000 habitantes cuando un municipio haya tenido una evaluación negativa de sus servicios, o presente tres años seguidos un remanente negativo, o incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria. En ese caso, pasará a ser absorbido por mutuo acuerdo por un pueblo colindante, y si no lo hay, por el municipio cercano de mayor población (¿y si no lo hay?). Es decir, Torrelaguna, en caso de que incumpliera alguno de los supuestos, podría ser absorbido por Redueña con acuerdo, o por El Molar sin acuerdo. Si alguien no se cree lo que lee, sólo tiene que ir al artículo 61 bis. La Reforma tiene otros males, como es el cercenamiento de la autonomía local por vía de una intervención absoluta; pero, finalmente lo que traerá la Reforma es una pérdida de calidad de vida de las zonas rurales y una segura despoblación.

Habrá ampliación.

Eliminación del helicóptero de urgencias

El 31 de enero, el BOCAM hacía oficial lo que muchos nos temíamos, la desaparición del helicóptero de urgencias del SUMMA 112. De nada han valido las reuniones y presiones que todos los alcaldes de la zona han hecho para mantener este servicio, el cual consideramos clave para asegurar un mínimo de calidad en el servicio de la Sanidad.

Son tiempos de crisis, todas las personas que tenemos responsabilidades de gobierno hemos tenido que hacer recortes, es inevitable. Pero hay que saber muy bien dónde aplicarlos y cómo hacerlos, preferiblemente con humanidad y cabeza. Parece que esta coyuntura justifica cualquier recorte, y no es así. Creo que debe haber límites, y uno clarísimo es este. No se puede privar a una zona como la Sierra Norte de un helicóptero de urgencias, que está archidemostrado que ha salvado vidas. Nos pretenden engañar diciendo que un solo helicóptero va dar el mismo servicio que los dos actuales. Al daño que nos va a producir la eliminación de este servicio, se nos une el de ser tratados como tontos.

Antes de recortar en servicios básicos caben algunas posibilidades, como es negociar unas mejores condiciones económicas, tal y como ocurre en Castilla y León; en el que uno servicio similar cuesta bastante menos. Cabe recortar en otros gastos, como pueden ser los suntuarios, festejos o de publicidad, o incluso si se me apura, en Deportes o Cultura antes que en Sanidad. Aunque se hace más complicado entender esta medida cuando en el mismo presupuesto hay ocho millones para helicópteros contraincendios. El ahorro no será de más allá de 400.000 euros, y por ello se hace más difícil comprender esta decisión. Tan difícil, tan difícil que la totalidad de los alcaldes de la Sierra Norte está en contra de la medida, independientemente del color político de cada uno. Este tipo de servicios (además de salvar vidas, como en el caso del helicóptero) sirve para garantizar una mínima calidad de vida en las zonas rurales; si éstos se van desmantelando, no tardará en producirse una despoblación en estos pueblos.

Ya sabemos que ciertos servicios en zonas despobladas son más costosos, y que para prestarlos no podemos guiarnos sólo por criterios economicistas; algunos gestores y la mayoría de contertulios arbitristas verán que no son rentables y, por tanto, eliminables. No es mi criterio evidentemente, me inclino por las razones políticas para su mantenimiento. También hay que recordar que los serranos también colaboran con sus impuestos en financiar otros servicios madrileños, que en muchos casos, apenas utilizarán, como puede ser la red del metro. Además el helicóptero no sólo presta servicio a los lugareños, lo cual ya, por sí sólo justificaría su existencia, también se benefician de su actividad los accidentados en carretera, excursionistas y visitantes de la Sierra en general.

Hay que reconocer que la medida es “valiente”, ya que supongo que sabrán que antes o después se producirá una situación trágica que no se va a poder atender en tiempo y forma; y supongo que tendrán que aguantar las críticas de los afectados y de la oposición. Lo cual parece indicar que no han valorado bien las consecuencias de su decisión.

Creo que en este caso todos los políticos de la zona estamos de acuerdo en la continuidad del servicio; a algunos nos gusta como se viene prestando este servicio, lo dejaríamos tal y como está, ni más ni menos. Otros, desde otras posiciones ideológicas pueden proponer su privatización, no lo sé; en todo caso sería algo absolutamente legítimo, y acorde con ciertas posiciones políticas. Lo que no creo es que exista en la Sierra Norte una sola persona que esté de acuerdo con la eliminación del helicóptero de urgencias de Lozoyuela.

Sierra Pobre, Sierra Norte, Sierra Pobre

Esta zona de Madrid siempre se conoció como Sierra Pobre. Desde los primeros gobiernos de Joaquín Leguina se trabajó para erradicar la situación de abandono en que se encontraba. Para ello, se creó un organismo que, a la postre, fue clave en el desarrollo de la Sierra, el PAMAM. A este organismo le acompañó una política de reequilibrio territorial en todo Madrid, que consiguió en poco tiempo que a la Sierra Pobre se la empezara a conocer como Sierra Norte. Políticas de mantenimiento y desarrollo que se mantuvieron con los primeros gobiernos del PP, pero esta política se rompe en las últimas legislaturas, y muy especialmente en la que nos ocupa. Si bien todos sabemos que una época de crisis es necesariamente una época de recortes, sinceramente pienso que se está utilizando la crisis como coartada para recortar por encima de lo aconsejable y, en ocasiones sin orden ni concierto, causando un daño irreparable y casi gratuito.

En un periodo corto de tiempo, los vecinos de la Sierra han sufrido una pérdida de calidad de vida, que se agravará en los próximos meses, si el actual gobierno sigue con los planes de recortes anunciados. Ya hemos visto como ha desaparecido un organismo clave en el desarrollo de la Sierra, como ha sido el PAMAM.

Otros servicios se han esfumado, complicando la vida, precisamente a los más necesitados, como lo son la oficina de empleo, la oficina móvil del Canal de Isabel II Gestión y la oficina del consumidor. Padecemos una subida del transporte público muy por encima del IPC, que dificulta la movilidad de las personas que le es imprescindible usar este deficitario servicio.

Hemos visto como una de las principales empresas públicas de Madrid, y clave en esta comarca como es el Canal de Isabel II, ha sufrido una transformación en su naturaleza jurídica con el objeto de privatizarla. De momento, los principales recortes los están sufriendo los trabajadores, pero si los planes siguen su curso, pronto serán todos los consumidores los que los padezcan. Intentaremos entre todos que no sea así.

También sufriremos en breve la privatización de nuestro hospital de referencia, el Infanta Sofía. Y ya veremos cómo queda nuestro ambulatorio, ante agresiones como la unificación de áreas y la reducción de las urgencias. Ha desaparecido el helicóptero del SUMMA 112 de Lozoyuela, que seguramente alguna noticia luctuosa nos traerá. Se han eliminado las políticas activas de empleo, que eran vitales para mantener el empleo en la comarca, a la vez que se prestaban servicios a los ciudadanos.

Vemos como peligran varias mancomunidades, y no le auguro un buen futuro a la de cultura, ¡ojalá me equivoque!

También se ha anunciado, y desconocemos en qué estado está, el traslado de los juzgados de primera instancia a Colmenar Viejo, es decir, para poner más lejanos los servicios de la justicia a los serranos, para más inri, después de la salvaje subida de tasas judiciales.

En un caso inaudito, el gobierno de la Comunidad ha roto un convenio firmado, como es el de las BESCAM, y deja de financiar en un 50% estos cuerpos policiales, sin ningún tipo de explicación. Esto supondrá unos menores ingresos para los ayuntamientos, lo que se traducirá en menos servicios municipales. Otra solución es que los gobiernos locales reduzcan empleos de personal laboral por valor de lo que dejen de ingresar.

Pero tal vez la agresión más fuerte que recibirán los ciudadanos de esta zona, y con ellos todos los que viven en pueblos de menos de 20.000 habitantes, será la que produzca la anunciada reforma de la Ley de Bases de régimen Local. Con la que se eliminarán servicios que hoy se prestan, o bien, se encarecerán por vía de la subida de tasas, que para muchos vecinos serán inasumibles, veremos.

En definitiva, todos los vecinos de la Sierra Norte hemos sufrido una pérdida de calidad de vida, un rápido empobrecimiento, que va a conseguir que volvamos a ser conocidos como la Sierra Pobre.

La postura de la Iglesia ante la inmigración

Uno viendo en que se ocupa en los últimos tiempos la Iglesia, cuáles son las noticias que genera, cuáles son sus afanes y cuáles son las cuitas que le ocupan; podría pensar que casi todo su quehacer se centra en el sexo, su práctica y todo lo que de él se deriva. Si se siguen las declaraciones de su máximo representante y de su jerarquía, observamos que gran cantidad de la información que emiten tiene como epicentro el sexo. Bien por los problemas graves de pediastría que arrastra, bien por el uso o no del condón, bien por sus opiniones sobre la homosexualidad, bien por sus manifestaciones en contra del control de la natalidad… Uno estaría legitimado en pensar que para la Iglesia casi todos los problemas de la humanidad se centraran en esta cuestión.

Afortunadamente en las sociedades avanzadas no hay ningún problema con el sexo, entre otras cosas porque hace oídos sordos a toda la doctrina de la Iglesia. En España sin ir más lejos, casi nadie sigue sus dictados en materia sexual; ni siquiera entre los que se declaran creyentes, ya que practicantes apenas quedan. Esto es una realidad objetiva que no merece siquiera demostración. Pero si alguno tuviera alguna duda, solo tendría que observar cual es la tasa de natalidad (en 2010 es de 1,40 hijos por madre); lo que nos demuestra que son pocos los que sólo practican sexo con la intención de procrear. Tal y como dice la Iglesia que hay que hacerlo, basándose en el pacto que Dios hizo con Noé: «Creced y multiplicaos y poblad la tierra (Génesis 9, 1)».

En estas cuestiones ginecológicas anda permanentemente enzarzada la Iglesia, obviando otras enseñanzas de mucho mayor calado social, pero de las que apenas oímos nada, entre el atronador ruido que producen palabras como: abstinencia, castidad, preservativos, paidofilia, homosexualidad, tradición, familia-cristiana y demás zarandajas.

Desde luego echo en falta la palabra de la Iglesia en una cuestión que creo que es más de su incumbencia, como es la inmigración, y de la que apenas nada he oído. ¡Cómo me gustaría, que desde sus púlpitos, se aleccionara a sus feligreses para que tengan una mayor tolerancia con los inmigrantes! En vez de acicatearles para que salgan a las calles para defender la familia cristiana tradicional, en contra de las leyes del Estado, cuyo imperio es para creyentes y no creyentes, para católicos y para practicantes de cualquier otra religión.

Qué lejos queda en mi recuerdo la canción ‘Cristo te necesita’, de extrema cursilería parroquiana, que decía: «No te importe la raza ni el color de la piel, / ama a todos como hermanos y haz el bien […] Al que viene de lejos dale amor […] / Al que habla otra lengua dale amor». Cuando se cantaba en las iglesias apenas había inmigración en España, entonces uno giraba la vista si se cruzaba con un negro o con otra persona de rasgos poco habituales, ante lo exótico del suceso. Cuando sólo sabíamos de los pobres del Mundo por el día del DOMUND, y por algunas noticas que siempre aparecían en la televisión sobre las hambrunas de África. Eran pobres en lejanos países que apenas nos molestaban con su miseria. Ahora que muchos de ellos se han trasladado aquí, en busca de una vida mejor. Ahora que con la crisis se les ha dejado de verles como una mano de obra barata, y se empieza a verles como un problema, es cuando se echa de menos la voz solidaría de la Iglesia, para denunciar los abusos y la xenofobia.

Tal vez sea tiempo de recordar algunas de las Obras de Misericordia Corporales de la Iglesia Católica, como son: «Dar de comer al hambriento / Dar de beber al sediento / Dar posada al peregrino». Lo ideal sería que no se hiciesen estas obras como obras de caridad, sino como un acto de justicia social. Ahora entiendo lo que algunos curas del Colegio decían en clase de Religión, lo difícil que era ser un buen cristiano, ya que esta doctrina exigía mucho a sus feligreses. Mucho es lo que se pide a los cristianos en el Nuevo Testamento, donde Jesús propone unas enseñanzas revolucionarias, por lo que tienen de denuncia de los poderosos, por lo que tienen de emancipación de los pobres, por lo que tienen de extremo amor por el prójimo, por el otro, por el diferente, incluso por el enemigo. Uno puede ver enseñanzas rayanas en una especie de comunismo primitivo, de igualitarismo radical. Razón esta que le ha llevado a Sánchez Dragó a decir: «No puedo ser de izquierdas porque es una secta del cristianismo, ya que recoge la más delirante idea que jamás se haya formulado: el igualitarismo». Pero no se lo tengan muy en cuenta a este orate, ya que uno puede recordar como se prestó, patéticamente, a introducir en TVE la película de Martin Scorsese ‘La última tentación de Cristo’, desde una posición de cristiano heterodoxo, para evitar posibles quejas de algún televidente ultramontano. Hoy dice esto y mañana lo contrario.

Pero algo de razón debe tener Dragó cuando en el Evangelio de Lucas podemos leer algo como esto: «Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale; y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva (Lucas 6, 29-30)». Y también: «Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores, para recibir otro tanto (Lucas 6, 34)». Evidentemente estas enseñanzas del capítulo de las Bienaventuranzas van en contra de toda lógica capitalista. Son de un rigor en su desprendimiento y solidaridad, que me es muy difícil aceptar, pero yo tengo alguna ventaja sobre algunos de los que se pueden partir el pecho diciendo mea culpa, no soy creyente y estas palabras no me obligan.

Lo cierto es que ante las exigencias y enseñanzas que se pueden leer sobre todo en el Nuevo Testamento, surgió inmediatamente un ejército de exégetas para explicar lo que quieren decir los libros sagrados. Ni que decir tiene que sus interpretaciones en nada o poco tienen que ver con las clarísimas palabras que recogen los cuatro evangelistas. A lo largo de la historia la labor de la Iglesia y su cuerpo de intérpretes han centrado toda su actividad en poner sordina a la doctrina más radical de Jesús y poner en primer plano cuestiones que poco o nada tienen que ver con sus enseñanzas. Hoy desgraciadamente la Iglesia está más centrada en aspectos epidérmicos, como son los normativos y litúrgicos que en enseñar y divulgar lo esencial de la doctrina y en exigírsela a sus seguidores.

Es triste sentir el silencio de la Iglesia ante el drama de millones de seres que escapan de sus países buscando una vida mejor, y que en muchas ocasiones son tratados como apestados, como ladrones, como delincuentes. Que son en muchas ocasiones explotados por empresarios sin escrúpulos, que son perseguidos por xenófobos, o señalados por algunos partidos como un problema, para conseguir votos. Y estas palabras no las digo desde el buenismo, sé de los problemas que una inmigración descontrolada puede ocasionar. Ni siquiera soy partidario del multiculturalismo, más bien de que las normas del país valen para todos, al que le convengan: bien y al que no: puerta. Quiero que al delincuente se le trate con todo rigor, haya nacido en Tetuán de Marruecos o en Tetuán de las Victorias. Estoy de acuerdo con la expulsión de los delincuentes extranjeros, ya que no supieron aprovechar su oportunidad. Lo que no puedo soportar es la criminalización generalizada, o la visión de que los inmigrantes son unos getas que vienen a aprovecharse de las ventajas de las sociedades más avanzadas. Soy consciente de los problemas (y no lo olvidemos de las ventajas) que puede ocasionar la inmigración, pero no es de justicia, acogerles cuando nos conviene y tirarles una vez que han sido convenientemente usados. Todas las actitudes xenófobas están basadas en el puro egoísmo, de las clases más desfavorecidas, porque se consideran competidores directos con los inmigrantes por los servicios del estado del bienestar; y de las clases más pudientes, ante el temor de que tengan que pagar más impuestos para poder financiar los servicios que el movimiento migratorio pueda ocasionar.

Supongo que la Iglesia intenta paliar las situaciones más desesperadas con su ayuda caritativa: reparto de alimentos, ropa y otros materiales; lo que no es nada desdeñable. Pero uno echa de menos una actitud de mayor calidad, como es exigir a sus feligreses que hay que acoger, compartir y solidarizarse con estas personas que pasan penalidades. Debería recordarles este versículo, tan radical, que advierte sobre las consecuencias del egoísmo: «Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de los Cielos (Mateo 19, 24)».

Tal vez sea una impostura que alguien que no pertenece al seno de la Iglesia, diga lo que espera de ella; impostura que se iguala, supongo, a cuando la Iglesia no se limita al ámbito de sus fieles, y pretende que se legisle para toda una sociedad diversa, bajo el prisma de su exclusiva doctrina.

El Estado de Bienestar ante la crisis

En una crisis, no sólo debemos capear el temporal cómo mejor sepamos, sino que también debemos detectar las causas que nos han llevado hasta ésta, con el objetivo de evitarlas en un futuro. Cuanta mayor es la profundidad de la crisis, mayor deberá ser el esfuerzo de reflexión. Ni que decir tiene que la actual crisis económica, la mayor en los últimos setenta años, nos obliga a todos los sectores de la sociedad a examinar nuestros respectivos preceptos.

A la izquierda se le acusa de no saber dar respuesta a la crisis económica. Y algo de ello debe haber, cuando coinciden en ello muchos analistas; y lo que es peor, cuando en Europa, los partidos de izquierda están perdiendo votantes, y por tanto posiciones. La verdad es que no salimos de nuestra perplejidad, cuando comprobamos que muchos ciudadanos están eligiendo soluciones de derechas para afrontar una crisis que tiene su origen en la codicia y las actitudes más patológicas del mercado, en un liberalismo exacerbado.

No es el objetivo de este artículo hacer un análisis profundo del origen de la crisis, entre otras cuestiones, porque no me siento mínimamente capacitado; sino desde la humildad, provocar reflexiones para reforzar nuestra posición, mediante una modernización de alguno de nuestros principios. Con esto, que no entienda nadie, que pienso que sólo la izquierda debe hacer este trabajo intelectual. La verdad, es que pienso que los que deben hacer un análisis de mucho mayor calado, son todos aquellos que defienden la absoluta eficacia de un mercado desregularizado.

Desgraciadamente está claro que uno de los paganos de esta crisis va a ser el Estado del Bienestar y por ende, el gran grueso de las clases medias, y especialmente los sectores más desfavorecidos. Y como esto va a ser así, lo queramos o no, más vale que empecemos a pensar qué Estado de Bienestar nos podemos permitir, que seguro que es menor que el que hasta ahora hemos financiado. Debemos dejar atrás viejos clichés y romper ciertos tabúes, que pese a que sean muy aplaudidos en nuestras reuniones internas de partido, no lo son tanto en el exterior; y de seguir por el camino trillado de lo que sabemos que gusta a nuestras bases, podemos perder el imprescindible apoyo de nuestro electorado. Es necesario que estas reflexiones en tiempo de crisis vayan limpias de prejuicios, y debemos estar preparados para escuchar propuestas, que en principio, nos puedan parecer rompedoras. Debemos hacer un ejercicio de pragmatismo, con la intención de recuperar el apoyo de nuestros votantes y captar otros que todavía no se ven tentados por alguno de nuestros principios más tradicionales.

El hecho incontrovertible de que hay que adelgazar en este periodo de crisis el Estado de Bienestar, es que personas que se han caracterizado por una ampliación del mismo, como el Presidente Rodríguez Zapatero, ha tenido que emprender una serie de acciones encaminadas a su recorte, ante la dureza de la realidad. Desde la izquierda se proponen recortes para asegurar la prestación de servicios, tanto en el presente como en el futuro; desde la derecha se quiere eliminar prestaciones del Estado del Bienestar para reducir los impuestos, para que las personas de mayor posibles dispongan de más dinero, pese a que ello cause gran sufrimiento entre los menos favorecidos.

Aceptamos que hay que realizar recortes, lo que no significa cuestionar y mucho menos eliminar servicios sociales; pero sí que debemos examinar si hay algún exceso, y en ese caso eliminarlo. Debemos estudiar si todas las políticas de empleo son lo suficientemente eficientes, para que produzcan una efectiva búsqueda de empleo; y si no es así debemos corregirlo inmediatamente. Tenemos que ser vigilantes en el uso correcto de nuestro sistema sanitario público, para que no se den abusos. Tenemos que ser eficientes y meticulosos en la expendeduría de fármacos. Tenemos que reflexionar sobre las bajas médicas, para que los cuentistas no se aprovechen del sistema en detrimento de las arcas públicas y de sus propios compañeros, primeros paganos de su insolidaridad. Todos estamos orgullosos de nuestro sistema sanitario, pero no hasta el caso de permitir el turismo sanitario. Bien está la complementariedad del salario en caso de enfermedad, pero es inaceptable el uso que algunos vagos hacen de él para faltar al trabajo constantemente sin apenas consecuencias. Bien están las horas sindicales para preparar la defensa laboral de los trabajadores, pero no se puede permitir que haya liberados de los que si te he visto no me acuerdo. El subsidio de desempleo es de las prestaciones más importantes y necesarias, por ello es inadmisible que quien que lo cobre, se emplee luego en la economía sumergida. La lista podría ampliarse, pero estos ejemplos valen como muestra de la idea que se quiere transmitir.

No deberíamos criticar estos casos, por la vía fácil, la de que no se puede generalizar por unos pocos casos; porque todos sabemos que no son tan pocos. No se trata de que paguen justos por pecadores, sino que se extremen los controles para que no se cometa ningún tipo de abuso, reducir al mínimo los argumentos de los enemigos del Estado del Bienestar. Es fundamental que eliminemos los abusos que se producen en el sistema, ya que estos son la mejor munición en manos de los enemigos declarados del Estado del Bienestar. Por eso es fundamental, que los que estamos a favor seamos los primeros vigilantes para que no se produzca ningún tipo de fraude. La permisividad será un cáncer que irá minando el sistema hasta su destrucción. Todos los avances sociales siempre se hacen con el limpio propósito de favorecer a los trabajadores y a los demás desfavorecidos, pero enseguida los ventajistas saben cómo desvirtuar el logro, y extender una turbia sensación de fraude.

Hay que conseguir que los ciudadanos y los beneficiarios, por la vía más divulgativa posible, se enteren de los que valen los servicios que el Estado del Bienestar presta. Desgraciadamente he comprobado que todo aquello que se da gratuitamente, enseguida pierde valor entre los beneficiarios, lo cual es un error, y además se presta a los abusos y a los actos incívicos por los de siempre. Hay que evitar actitudes como las de: “yo pago mis impuestos (habría que verlo), y voy al médico cuantas veces quiero”, “no voy esperar cita en el ambulatorio, pudiendo ir a urgencias”… Iniciativas como la factura en la sombra para los servicios sanitarios parecen una buena idea, que debería extenderse a otras prestaciones: estudios en centros públicos, asistencia a domicilio, servicios sociales, etcétera.

Muchos somos los que pensamos que el Estado de Bienestar es el gran invento social de Europa, que sirve para tener una mayor calidad de vida y tener sociedades cohesionadas. Pero este sistema es costoso, y su mantenimiento futuro, tal vez tenga que realizar siguientes pasos.

Revisar y eliminar los excesos que se puedan detectar. En muchos casos no hace falta eliminar el servicio, sino racionalizarlo. No es posible que un mismo servicio lo presten a la vez más de una Administración. En Torrelaguna, durante mucho tiempo se daba asistencia a domicilio, a la vez que el mismo servicio lo prestaba la Mancomunidad de Servicios Sociales, a la que el municipio cofinanciaba con una importante cuota.

Vigilar y eliminar todo tipo de abusos que los más insolidarios cometen a diario en los distintos servicios que presta el Estado de Bienestar.

Y por último, tal y como dice Felipe González en su libro ‘Mi idea de Europa’, hay que ganar en productividad. Esta es fundamental para poder financiar el Estado de Bienestar, y no confiar todo a los impuestos, que por supuesto también son necesarios; ya que una excesiva carga impositiva reducirá nuestra competitividad. Tal vez sea el momento en que defendamos que el esfuerzo y la productividad sean unos valores más de la izquierda. Debemos denunciar, arrinconar, a los trabajadores que no cumplen en su trabajo; no se les puede reír la gracia, como si fueran héroes que defraudan al patrón/ladrón. Visiones como ésta, que todavía alguien pudiera tener, hay que desterrarlas para siempre. En el proceso que nos queda por recorrer, o vamos juntos, lealmente, trabajadores y empresarios, o tal vez nos quede todavía andar un largo trecho de túnel en esta crisis. Cuando me refiero a empresarios, estoy refiriéndome a empresarios de verdad, emprendedores con conciencia social; porque si hay que apartar a los vagos, también hay que denunciar a los empresarios esclavistas que sólo ven su propio beneficio, a costa de lo que sea.

Revisar el Estado del Bienestar para reducir aquellos servicios menos prioritarios, eliminar los abusos y ganar en productividad pueden conseguir que mantengamos un sistema que se ha demostrado valiosísimo para ganar en calidad de vida.